La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge a partir de este lunes el juicio contra una organización, conformada por 13 personas -entre ellas dos agentes de la Guardia Civil-, acusada de sabotear el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la zona de Lepe, y de facilitar y dar la cobertura necesaria para que las bandas que así lo requirieran lograran introducir alijos de hachís en la costa de la provincia onubense.
Según el escrito judicial, este grupo tenía "una perfecta estabilidad" desde el mes octubre de 2010 hasta febrero de 2011, momento de la detención, consiguiendo sus objetivos en varias ocasiones. Su cobertura consistía en hacer ellos mismos de punto de vigilancia las noches de los alijos.
Para ello, buscaban a más personas que hicieran esta función, es decir vigilar a las patrullas de servicio de la Guardia Civil para que la zona de alijamiento estuviera despejada, colocar un dispositivo de seguimiento en los coches patrulla y en las embarcaciones patrulleras de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera para tenerlos localizados los días de los alijos e inutilizar cuanto fuera posible los sistemas de vigilancia de la costa, y todo ello con la finalidad única y exclusiva de lograr arribar a las costas españolas los alijos de hachís de otras organizaciones.
La banda estaba perfectamente estructurada, en concreto, los dos agentes de la Guardia Civil se encargaban de avisar sobre la actividad de la patrullera los días de los alijos planeados dando instrucciones al cabeza del grupo, que responde a las iniciales de L.G.M., sobre la hora y el lugar en el que tenían que ser introducidos los alijos, así como de colocar dispositivos de balizamiento en los vehículos patrullas de la Guardia Civil con el objetivo de que estos estuvieran siempre localizados.
A su vez, también está acusado un vigilante de seguridad de las instalaciones del Muelle del Tinto de Vigilancia Aduanera, que era el encargado de comunicar los movimientos de las embarcaciones en los días de los alijos.
Concretamente, cuatro acusados consiguieron el día 25 de diciembre de 2010 que dos de ellos accedieran a las instalaciones del SIVE y, una vez en el interior, tirotearon el sensor volumétrico de intrusión, el radar y la cámara de vigilancia, cortaron el cableado de dichos dispositivos y forzaron la puerta del lugar que da acceso a los paneles y pantallas de control de esos equipos, causando desperfectos por valor de más de 70.000 euros, mientras que los demás acusados se dedicaban a hacer llegar la droga a las costas onubenses.
Por todo ello, la Fiscalía pide más de 100 años de cárcel para los 13 acusados a los que acusa de delitos de asociación ilícita, de tráfico de drogas, de daños en bienes afectados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de tenencia ilícita de armas, de blanqueo de capitales y de un delito continuado de conducción de vehículo a motor sin permiso o licencia.
21 años de cárcel para un mecánico que apoyaba a narcotraficantes
En su escrito de calificación, la Fiscalía pide 21 años y nueve meses de cárcel para L.G.M, un mecánico de 36 años vecino de El Rompido, considerado el cabecilla de la banda, que fue desarticulada en febrero de 2011.
Para sus brazos derechos, F.G.H. e I.G.A., vigilantes de seguridad de las instalaciones de Vigilancia Aduanera en el Muelle del Tinto, solicita 12 años y 10 meses y 6 años de cárcel respectivamente; para J.L.A.B. y J.T.M., los dos agentes de la Guardia Civil considerados miembros de la banda, 8 años y 10 meses y 6 años, respectivamente, y para J.L.G.G. 12 años y 10 meses de prisión. A todos ellos los acusa, entre otros delitos, de asociación ilícita y los considera los responsables de facilitar que "llegaran a las costas españolas los alijos de hachís de otras organizaciones" previa colocación de dispositivos de seguimiento e incluso saboteando las instalaciones del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en Huelva.
También utilizaban terminales de transmisiones de los empleados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que eran "extraviados" los días de los alijos y con los que la organización estaba al tanto de los avisos realizados por la sala de operaciones de Guardia Civil. Estos datos eran completados con la información de los posibles operativos a realizar suministrada por los agentes y el vigilante de seguridad detenidos.
También están acusados en este caso un total de seis personas detenidas en el marco de distintos alijos abortados en las costas onubenses relacionados con esta organización, para cada uno de los cuales se pide 4 años de cárcel, salvo para uno, al que la petición de condena se incrementa hasta los cinco años y cinco meses. La última persona acusada es M.T.M., pareja sentimental del cabecilla, para la que se solicita 4 años de prisión y 60.000 euros de multa por un delito de blanqueo de capitales.
Para todas estas personas impone el Fiscal, por distintos conceptos y delitos, una multa global que supera los 86 millones de euros.
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