El PSOE andaluz ha expresado su "extrañeza" por el nuevo documento remitido por el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez a la comisión de investigación constituida en el Parlamento sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica y ha recordado que nunca "instó a actuar" a la Junta porque "observó irregularidades en el procedimiento, pero nunca ilegalidades".
La portavoz del Grupo Socialista en la comisión de investigación, Antonia Moreno, ha mostrado su "extrañeza" ante estas nuevas declaraciones aportadas por el ex-interventor general de la Junta, "que ya compareció y declaró lo que declaró" ante la comisión y ha subrayado que "correspondía a la Intervención General de la Junta de Andalucía la detección y alerta en el caso de que se hubiera producido menoscabo de fondos públicos".
Moro se ha pronunciado de este modo, a través de un comunicado, al hilo del documento remitido por Gómez a la comisión de investigación en el que, entre otras cuestiones, se pregunta si no "habría sido oportuno (que no legalmente preceptivo) que el --entonces-- consejero de Hacienda --el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán-- hubiera adoptado medidas para corregir algunas de las importantes deficiencias puestas de manifiesto en las auditorías", según informan este viernes los diarios 'El Mundo' y 'El País'.
"Si la Intervención hubiera apreciado este menoscabo de fondos, hubiera instado a actuar, pero no lo hizo. Y si no actuó es porque observó irregularidades en el procedimiento pero nunca ilegalidades", ha señalado la diputada socialista, que ha insistido en que "la capacidad de detectar y valorar la gravedad de las irregularidades corresponde a la Intervención General, que tiene la potestad de actuar".
"LOS FONDOS PÚBLICOS NO ESTABAN EN PELIGRO"
A su juicio, si desde la Intervención "no se propuso nada más allá es porque los fondos públicos no estaban en peligro, según la Intervención, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 de la Ley de Hacienda Pública".
Por todo ello, Moro ha reiterado la "sorpresa" que causa en el PSOE-A "esta nueva aportación de exinterventor a la comisión, cuando ya han cerrado las comparecencias y ha quedado demostrado que la partida 31L no es ni un 'fondo de reptiles' ni un fondo oculto, ya que ha quedado acreditada su transparencia y publicidad al figurar en los Presupuestos de la Junta de Andalucía".
En este sentido, ha destacado que "el informe de la Cámara de Cuentas tampoco detecta ilegalidad alguna en ninguna de las 70 páginas de que consta el análisis realizado al programa presupuestario 31L de la Consejería de Empleo", lo que, a su juicio, evidencia que "el marco jurídico es legal" porque el informe "sólo señala discrepancias técnicas y administrativas y además no cuestiona la legalidad de las transferencias de financiación".
Por último, Moro ha resaltado que la comisión de investigación "dispone ya de todos los elementos necesarios para finalizar sus trabajos, no sólo testimoniales, sino también las pruebas documentales", por lo que considera que "con este material los comisionados disponen de todo lo necesario para culminar el buen trabajo realizado en este periodo y emitir ya las conclusiones".
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