El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido a la Junta que en la próxima normativa sobre vivienda en Andalucía haya modificaciones en los procedimientos de concesión de subvenciones de rehabilitación de viviendas para evitar que los propietarios deban desembolsar cantidades por tramitaciones previas antes de recibir dichas ayudas, de forma que considera que la Administración sólo debe exigir desembolsos previos a los solicitantes cuando haya seguridad de disponibilidad presupuestaria.

   En una actuación de oficio del Defensor, consultada por Europa Press, dirigida a la Consejería de Fomento y Vivienda, el Defensor apunta que la institución ha recibido, "especialmente durante los dos últimos años", un importante número de quejas de comunidades de propietarios que reclamaban mayor celeridad en la tramitación de sus expedientes de rehabilitación de edificios, tanto en aquellos casos para mejorar las condiciones del inmueble como especialmente en aquellos casos en los que se pretendía instalar un ascensor en los bloques que carecían de este elemento.

   Tras reconocer el "amplio abanico de situaciones" en estas comunidades que se han dirigido a nosotros, el Defensor considera que estas y otras situaciones "vienen a constituir distintas manifestaciones de uno de los problemas que ha padecido el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, especialmente en su programa de ayudas a la rehabilitación de edificios, como es la falta de dotación presupuestaria para atender las solicitudes presentadas".

   El Defensor ha aludido especialmente a las subvenciones para la instalación de ascensores, donde ha recordado las "complejas exigencias legales y técnicas" necesarias para instalar ese elemento, toda vez que "la mera presentación de una solicitud de subvención para instalar un ascensor es la culminación de una fase previa compleja, pues no sólo hay que lograr los acuerdos necesarios en las comunidades, sino que también se debe contar con la posibilidad técnica y física de instalar el ascensor para, por último, concienciar a los interesados de su obligación de sufragar parte del coste de la instalación".

   Ha recordado que la mayoría de las comunidades de propietarios que han solicitado esta subvención "están compuestas por personas mayores de escasos recursos económicos, por lo que sufragar su parte d la inversión no es una tarea fácil y le supone importante esfuerzo económico".

   Apunta que este esfuerzo económico de los integrantes de las comunidades e produce en parte antes de que se haya producido la calificación de rehabilitación de edificios, es decir, justo antes de que se haya reconocido el derecho a la subvención.
DENEGACIÓN DE LA AYUDA POR FALTA DE PRESUPUESTO

   El Defensor apunta que "antes de que se emitiera la calificación de la actuación, se ha impuesto a las comunidades de propietarios, además del gasto que representa el proyecto técnico, la obtención de la licencia de obras y, en consecuencia, el abono de los tributos que esta obtención conlleva".

   En ese sentido, apunta que la institución ha recibido varias quejas de comunidades de propietarios a las que, "pese a haber obtenido la licencia de obras, previo abono de los correspondientes tributos que conlleva, y habiéndola presentado en la correspondiente Delegación Provincial, les ha sido notificada la denegación de la calificación de la actuación y de la ayuda por carecer de disponibilidad presupuestaria".

   El Defensor no ve "conveniente" que la tramitación de las ayudas "exija para los solicitantes desembolsos previos a la calificación de la actuación y, por tanto, al reconocimiento del derecho a obtener la subvención, especialmente cuando cabe la posibilidad de que la subvención pretendida no sea finalmente concedida por falta de disponibilidad presupuestaria".

   "Algunas comunidades de propietarios han realizado desembolsos que han devenido en gastos inútiles, al no serles concedida la ayuda, puesto que en la mayoría de los casos, si no es con la ayuda pública, estas comunidades no podrán afrontar por sí solas la instalación de un ascensor, de forma que el proyecto contratado, o la licencia concedida, no les servirán probablemente para nada", ha agregado el Defensor en su resolución, quien apunta que el sentir de las quejas recibidas es que, "además de no obtener la subvención, se les ha 'obligado' a hacer unos gastos que son importantes y de los que nadie les va a resarcir".

   El Defensor apunta que incluso ha tenido constancia de otras situaciones en las que se ha producido la caducidad de la licencia de obras, "lo que ha obligado a las comunidades de propietarios a realizar nuevos desembolsos" y teme que incluso haya comunidades "que, habiendo solicitado nuevamente licencia, les haya sido expresamente denegada la subvención por falta de disponibilidad presupuestaria".

   Para Chamizo, la constatación de este tipo de situaciones obliga a "una reflexión sobre la idoneidad de la normativa de tramitación vigente del Plan Concertado de Vivienda 2008-2012 y sobre la imperiosa necesidad de evitar perjuicios a los ciudadanos con desembolsos previos a tener la seguridad de que la subvención se va a conceder".

   En ese sentido, ha apuntado que esta Consejería han comenzado los trabajos para la elaboración de un nuevo Plan de Vivienda, por lo que cree que "es el momento de tomar conocimiento de la realidad y analizar las distintas alternativas de tramitación que hay para evitar a los ciudadanos y a las comunidades de propietarios, desembolsos económicos que, a la postre, no van a tener la finalidad pretendida y van a quedar como recursos perdidos y como un perjuicio, pues si la subvención finalmente se concede, el gasto habrá constituido un medio necesario, pero si la ayuda no es concedida, el gasto habrá supuesto un perjuicio para los afectados", ha aseverado.