La consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado este viernes en Huelva, tras el informe emitido sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) por la Cámara de Cuentas, que hubo "un mal uso de un porcentaje muy pequeño de estas cantidades", pero que las partidas para los mismos eran "legales y aparecían en los Presupuestos de la Junta".
En declaraciones a los periodistas en Huelva, antes de asistir al XXIII Congreso Iberoamericano de Mujeres Empresarias (CIME), Susana Díaz ha hecho hincapié en que el dictamen provisional, que es al que ha tenido acceso, "deja con absoluta constancia que no se trata de ningún fondo de reptiles ni de ningún fondo oculto, sino que estamos ante unas partidas que aparecían año tras año en los Presupuestos de la Junta de Andalucía".
Por todo ello, ha lamentado "todas las falsedades y las mentiras que hemos tenido que soportar por parte del PP, que intentó mentir poniendo en cuestión una política que ha sido útil para miles de familias en Andalucía, con el objetivo de perseguir y manchar el Gobierno andaluz".
"Ha habido un mal uso, lógicamente, si no, no estaríamos hoy hablando de esto", ha enfatizado la consejera, no obstante ha insistido en que "no podemos confundir unas partidas que aparecían en los presupuestos y que eran legales con el mal uso que algunos hayan hecho".
En este sentido, ha remarcado que "si hay un mal uso, que se persiga cuanto antes, pero el PP tendrá que reconocer la cantidad de falsedades y que ha mentido al conjunto de los ciudadanos porque no hay fondos de reptiles y no hay fondos ocultos".
Al final, según ha manifestado Susana Díaz, "estamos hablando de unas partidas necesarias que se someten año tras año a la aprobación del pleno del Parlamento, del que tenían conocimiento también los diputados del PP".
Por su parte, la Cámara de Cuentas de Andalucía ha aprobado este jueves en el pleno el informe definitivo de fiscalización sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicios 2001-2011, una aprobación que ha contado con los votos particulares "en determinados puntos del informe" de las tres consejeras nombradas a propuesta del PP.
