El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha solicitado una serie de datos a distintas entidades bancarias a fin de "ahondar" en los indicios sobre la utilización de "empresas pantalla" con el objetivo de "introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas" a las ayudas investigadas.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez sustituto del Juzgado de Instrucción número 6, Iván Escalera, requiere a las asesorías jurídicas de distintas entidades bancarias una serie de datos sobre productos bancarios y sus movimientos a fin de "averiguar el destino final y real de las ayudas concedidas, aclarar los verdaderos beneficiarios de las mismas y los mecanismos utilizados para su adjudicación".
El juez Iván Escalera, que sustituye temporalmente a la magistrada Mercedes Alaya tras darse ésta de baja por enfermedad el pasado mes de septiembre, pone de manifiesto que el fin es "esclarecer el papel desempeñado y las cantidades económicas percibidas por diferentes conceptos", como "servicios profesionales" y "comisiones", por las empresas mediadoras, aseguradoras, despachos profesionales, personas físicas o jurídicas.
De acuerdo con el oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de fecha 21 de septiembre de 2012, el juez solicita de las entidades bancarias datos que tienen por objeto "ahondar en los indicios sobre la utilización" de "empresas pantalla, con o sin su consentimiento", para "introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas suscritas con financiación de la Junta de Andalucía".
Así, el juez pide que, además de informar sobre determinados productos bancarios, "se informe sobre el número de cuenta de origen y la titularidad de los cheques presentados al cobro en las diferentes entidades bancarias por las mismas personas físicas, a su vez relacionadas con esas empresas pantalla", todo ello "para aclarar, en definitiva, el destino último de los fondos públicos".
Por último, concluye que la información "deberá ser facilitada en archivo informático y directamente" a la UCO, "autorizando expresamente y en todos los casos a sus agentes para que puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichas cuentas y con cualquier operación efectuada con origen o final en las mismas precisen para el esclarecimiento" de los hechos investigados.
