El exchófer del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado por 22 delitos en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha abandonado pasadas las 18,00 horas de este lunes la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) donde permanecía interno desde el mes de marzo después de que la Audiencia lo haya dejado en libertad sin fianza.

   De este modo, ha sido pasadas las 18,00 horas cuando un taxi ha llegado hasta la cárcel de Morón de la Frontera y ha recogido a Juan Francisco Trujillo, que ha abandonado la prisión sin querer hacer declaraciones a los medios de comunicación que se habían desplazado hasta este lugar para grabar su salida y recoger sus primeras impresiones tras ser puesto en libertad.

   El pasado mes de agosto, también abandonó la cárcel de Morón el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández después de abonar los 450.000 euros de fianza que le fue impuesta, por lo que, actualmente, solo permanece en prisión por el caso ERE Francisco Javier Guerrero, a quien el juez de refuerzo de Instrucción 6, Iván Escalera, le rebajó recientemente la fianza a 150.000 euros.

   En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial muestra su acuerdo por lo argumentado por el abogado del exchófer y señala que "cabe apreciar cierto agravio comparativo" entre la situación personal de Trujillo y la de otros imputados en la causa, todo ello en base a las imputaciones "fácticas pormenorizadamente descritas" en los autos sobre prisión y sobre determinación de responsabilidades pecuniarias dictados por la juez Alaya.

   Así, y según las imputaciones realizadas por la juez, "empresas administradas por otros implicados habrían sido beneficiarias de ayudas directas y sociolaborales presuntamente ilícitas por cuantías similares o incluso superiores" a las recibidas por el exchófer, pero "sin que ello haya motivado su ingreso en prisión preventiva y sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares necesarias para garantizar la eventual reparación de los perjuicios económicos que hayan podido ocasionar sus respectivas conductas".

   Añade que, casi siete meses después de su privación cautelar de libertad, "las circunstancias personales del imputado y procesales de la causa han variado sustancialmente", ya que, respecto a las primeras, "y pese al tiempo transcurrido desde su ingreso en prisión, sigue sin disponerse de información suficiente sobre el patrimonio" de Trujillo, que llegó a confesar, entre otras cosas, que gastó 25.000 euros mensuales procedentes de ayudas públicas en comprar cocaína.

FIANZA "INASEQUIBLE" PARA EL IMPUTADO

   Al hilo de ello, asevera que, "habiéndose acordado medidas para el aseguramiento de los 2,3 millones en que la magistrada ha calculado las eventuales responsabilidades pecuniarias del imputado, aún se está a la espera de que el Servicio de Índices del Registro de la Propiedad informe respecto a su titularidad sobre bienes inmuebles, sin que se le hayan localizado bienes de distinta naturaleza susceptibles de embargo".

   "En tales condiciones, y visto que cuatro meses después de ofrecerle la posibilidad de eludir la prisión mediante la prestación de fianza, Trujillo no ha podido depositar los 150.000 euros que le impuso este tribunal ni los 75.000 euros a que la juez instructora redujo después tal garantía", por lo que, según la Audiencia, "cabe presumir razonablemente que dichas cantidades resultan inasequibles para el imputado, vedándole la posibilidad de acceder a la libertad provisional".

   En cuanto a las circunstancias procesales, señala que "tampoco puede ignorarse que Trujillo ya ha permanecido siete meses en prisión preventiva, sin que, por lo que a él respecta, se hayan practicado nuevas diligencias probatorias que representen un cambio sustantivo de su situación procesal, ni se observen visos de una pronta finalización de la instrucción", lo cual "adquiere una especial relevancia desde la perspectiva de la doctrina del Tribunal Constitucional".

RETIRADA DE DNI Y PASAPORTE

   Por todo ello, "el mantenimiento de la prisión preventiva de Trujillo no satisface actualmente el canon de proporcionalidad, razonabilidad, excepcionalidad y subsidiariedad que exige la doctrina constitucional", agrega la Audiencia, que acuerda, como medidas complementarias, retirarle el DNI y el pasaporte a fin de garantizar que no abandona España; la designación de domicilio fijo y la asunción de la obligación de presentarse en el Juzgado de Instrucción de su localidad los lunes y miércoles.