La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, ha manifestado este martes que la Junta prevé tener culminado a 31 de diciembre de este año todo el proceso de reordenación del sector público, con la supresión de 95 consorcios, un paso que ya se ha iniciado si bien no está exento de complejidad. 

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en el que ha dado cuenta de la decisión de acceder al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y del acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el techo de endeudamiento de la comunidad para 2013, Martínez Aguayo también ha avanzado que el presupuesto andaluz para el próximo ejercicio, que ya se está elaborando, será "restrictivo" y que no va a ser fácil, pero va a tener claras cuáles son las prioridades, de manera que la educación seguirá centrando todo el discurso económico del Ejecutivo autonómico. 

   En cuanto a la previsión de crecimiento económico que se recogerá en el mismo, Martínez Aguayo ha manifestado que la Junta está revisando en este momento el amplio abanico de previsiones que determinados organismos hacen no solo para el entorno español, sino también para Andalucía y ya se verá cuál es la cifra "más adecuada". Tras el acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la hora de elaborar el presupuesto se recurrirá al techo máximo de endeudamiento.

   La consejera ha expresado el objetivo del Gobierno andaluz de presentar en el Parlamento en torno al 31 de octubre el presupuesto andaluz de 2013, "salvo imposibilidad material" porque en esta ocasión el procedimiento es más "compromiso que en otros años". 

   En cuanto a la reordenación del sector público, recogida en el plan económico-financiero de reequilibrio (cuyo cumplimiento es la condición por acceder al FLA), ha manifestado que la mayoría del proceso está hecho en este momento y queda pendiente la disolución de los 95 consorcios de las UTEDLT, un proceso que es más complejo porque requiere de la concurrencia de varias administraciones en el momento de la disolución. Ha confiado en que el proceso esté culminado antes de final de año por los datos que tiene en este momento.

   Ha querido dejar claro, en relación con el sector público, que no se está pidiendo nada a la Junta, por el hecho de solicitar acogerse al FLA, además de lo realizado, sino que se culmine el proceso que se empezó y que está situado en el plan económico-financiero de reequilibrio.

   Preguntada sobre el futuro de empresas públicas que no tienen actividad, ha manifestado que el conjunto de empresas públicas tienen que tener una adecuación a las nuevas funcionalidades o deberán ir hacia un "abanico de posibilidades" que cada empresa tendrá que dilucidar. Ha manifestado que en el escenario presupuestario se va a situar el marco financiero de cada una de las instituciones y será cada una de ellas la que tendrá que plantear las medidas que considere más adecuadas.

   Ha recalcado que cada empresa tendrá que decidir, en virtud de su trabajo y del escenario, cuál es el camino que considera más adecuado, sin descartar la reducción de la jornada de sus trabajadores. "El camino que plantea la Junta siempre es el del mantenimiento del máximo empleo, como hemos demostrado y esa es nuestra convicción", ha sentenciado.

   La consejera ha recordado, a este respecto, que cuando se incrementó la jornada laboral al conjunto de los empleados públicos a 37,5 horas, la Junta hizo una "apuesta clara por el empleo, buscando un abanico de medidas que han permitido conciliar la restricción presupuestaria con el máximo mantenimiento del empleo" y es la posición en la que, según ha apuntado, sigue la administración autonómica. Ha apuntado además que la reordenación del sector público suponía también la disminución de 180 puestos directivos y que ya se ha reducido una cantidad muy importante.

   De otro lado, preguntada sobre si la previsión de ingresos de unos 350 millones de euros que se recoge en el plan económico-financiero de reequilibrio por operaciones de venta-alquiler de edificios se va a cumplir, la consejera ha apuntado que "probablemente" no pueda ser así, pero ello se verá compensado con unos ingresos que han "aparecido por el camino", como son unos 274 millones de euros más intereses que se han reconocido a la comunidad por sentencias judiciales tras reclamaciones al Estado respecto a la liquidación de determinados fondos del modelo de financiación.

ACUERDO SOBRE ENDEUDAMIENTO

   Carmen Martínez Aguayo ha querido agradecer la "receptividad" del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para ampliar el límite de endeudamiento "no razonable" establecido para Andalucía el pasado mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y acordar que quede fijado en el entorno del 15 por ciento, con lo que, a su juicio, "se hace justicia con Andalucía".

   La titular andaluza de Hacienda ha asegurado además que le parece "bien" el reparto "inicial" del FLA establecido por el Ministerio de Hacienda, que asigna en torno a 2.115 millones de euros a Andalucía, aunque ha querido dejar claro que seguirá "insistiendo" en reclamar el importe global de 4.906 millones.

   Respecto a la ampliación del límite de endeudamiento, Martínez Aguayo ha agradecido la "receptividad" del ministro Montoro, "que mostró desde el mismo mes de julio cuando se puso de manifiesto que la decisión adoptada en el CPFF no era razonable" y ha destacado que, una vez fijado el límite de deuda en torno al 15 por ciento, la Junta está "en disposición de empezar a elaborar" los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013, "no sin dificultades porque plantean un objetivo de déficit del 0,7 por ciento muy exigente y con el que seguimos en desacuerdo".

   "Que se haya superado el techo de endeudamiento es sin duda una buena noticia que hace justicia con Andalucía, porque su establecimiento una comparecencia extraordinaria del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, porque ese planteamiento hubiera supuesto tener que amortizar más de 2.700 millones en un año y con esa dificultad se hubiera hecho imposible mantener el funcionamiento de hospitales y colegios", ha insistido la consejera, que también ha apuntado que la Junta seguirá reclamando una nueva distribución del objetivo de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas de aplicación en 2013, y no en 2014 como plantea el Gobierno central.

   Ha insistido además en que tanto el ministro como el secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han indicado que la adhesión al Fondo de Liquidez no supone ninguna condición de más ajustes al gobierno autonómico, sino que solo se reclama el cumplimiento del plan  económico-financiero de reequilibrio.

   Asimismo, ha puesto el acento en que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en ningún caso se ha referido al FLA como un "rescate", sino como un fondo que permite a las comunidades, en un momento de dificultades financieras del conjunto de las administraciones, acceder a los mercados financieros, en el marco de lo que son los endeudamientos que tienen autorizados.