La Fiscalía de Granada acusa a un total de 334 personas en el caso que ha investigado el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, enmarcado en la denominada 'Operación Genil', sobre un posible fraude de prestaciones y subsidios por desempleo a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ascendería a unos cinco millones de euros.

   Los presuntos cabecillas de la trama, basada en un sistema de 'empresas fantasma' para cobrar prestaciones sociales, los empresarios Carlos I.A.N, Juan R.C.C., Ángel S.A, se enfrentan, junto con otros representantes de otras sociedades, en concreto Rodolfo G.P., Juan C.M.F., Manuel F.R, Jesús R.C., y María Luisa H.S. a un total de 18 años de prisión por seis delitos de fraude de subvenciones y multas de más de 2,6 millones de euros, además de a la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y a obtener beneficios o incentivos fiscales por un periodo de cuatro años, según consta en el escrito de acusación del fiscal, al que este martes ha tenido acceso Europa Press.

   Al resto de los acusados, un total de 326 trabajadores contratados de manera presuntamente fraudulenta, le atribuye el Ministerio Público un delito continuado de falsedad en documento oficial, por el que cada uno de ellos se enfrenta a una condena de tres años de prisión y multa de 3.600 euros.

   De manera alternativa, el fiscal pide para los ocho primeros, por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial, seis años de prisión para cada uno de ellos y multa de 18.000 euros, y a los restantes 326 acusados, también alternativamente, tres años de cárcel y multas de 3.600 euros por posible estafa.

   Según la Fiscalía, los ocho principales imputados se pusieron "previamente de acuerdo" y "urdieron un plan directamente encaminado a conseguir de manera fraudulenta y mediante engaño" la obtención de prestaciones y subsidios por desempleo mediante la creación de un entramado de sociedades, en ocasiones mediante personas interpuestas, con la finalidad de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Tesorería General de la Seguridad Social a cambio de una cantidad de dinero no determinada que, en cada caso, era entregada por el supuesto trabajador.

   Para ello, los acusados tramitaron las altas de los ficticios trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social a través de numerosas sociedades creadas al efecto, mediante la presentación en el INEM de un contrato de trabajo elaborado expresamente para ello aún conociendo que no iban a ser prestados los servicios que en el mismo constaban, permaneciendo el trabajador de alta durante el tiempo imprescindible para acceder al subsidio o prestación por desempleo.

   De la misma forma los acusados presentaban ante el Servicio Público de Empleo Estatal la documentación necesaria para acceder a las prestaciones y subsidios, en particular, el certificado de empresa facilitado por el empresario al trabajador que acreditaba el periodo de tiempo en que había supuestamente prestado los servicios y el documento que acreditaba el cese de la relación laboral.

   Para la consecución de dichos fines, Carlos I.A.N., Juan R.C.C. y Ángel S. A., bien por sí solos, bien a través de alguno de los restantes acusados, constituyeron y administraron un total de 11 sociedades con distintos domicilios en Granada dedicadas todas ellas "ficticiamente" a la actividad de la construcción.

   Así, los inculpados, procedieron a dar de alta a esas empresas en el sistema RED de la Seguridad Social, empresas todas ellas sin actividad real, sin domicilio social y fiscal real, sin centro de trabajo y sin los medios materiales necesarios para prestar los supuestos trabajos en el sector de la construcción.

   Seguidamente los principales procesados, simulando íntegramente una relación laboral inexistente, conociendo que nunca iban a ser prestados los trabajos, tramitaron en la Seguridad Social numerosas altas de trabajadores previa la elaboración del correspondiente contrato de trabajo ficticio que era presentado ante el Servicio Público de Empleo Estatal, manteniendo a los trabajadores en esta situación de alta laboral durante el tiempo suficiente para poder acceder a las prestaciones y subsidios por desempleo y sin abonar nunca las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.

   A continuación, simulando igualmente el cese en la relación laboral los acusados presentaron ante el SPE la documentación necesaria para la consecución de su objetivo, en particular el documento elaborado en su integridad por el trabajador a quien beneficiaba de común acuerdo con los organizadores, en el que se acreditaba el cese de la relación laboral así como el certificado de empresa facilitado por el empresario en el que constaba el tiempo de trabajo, la cualificación profesional y la remuneración percibida por los supuestos trabajadores, de forma que obtuvieron y les fueron abonadas las prestaciones y subsidios de desempleo y generaron periodos de carencia para la percepción futura de prestaciones por desempleo y de seguridad social (incapacidad temporal o permanente, maternidad, jubilación, o viudedad).

   En otras ocasiones la finalidad directamente perseguida era el "favorecimiento" en la concesión de permisos de trabajo a ciudadanos extranjeros a través de los certificados de empresa correspondientes, según el relato del fiscal.

   El total de las prestaciones y subsidios concedidos indebidamente asciende a la cantidad de 2.500.959,75 euros, cantidad que el fiscal solicita que abonen los ocho principales imputados en concepto de responsabilidad civil al Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM). Asimismo, el Ministerio Público pide al resto de los 326 inculpados que abonen el dinero del que se beneficiaron presuntamente de manera fraudulenta, que asciende a un total cerca de 2,5 millones de euros, en cantidades que oscilan desde los 463,05 hasta los 24.275,6 euros.