La Secretaría General de Consumo, así como "todo el órgano regional de arbitraje", se ha opuesto "radicalmente" a la reforma de la Ley de Arbitraje que pretende el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En una entrevista concedida a Europa Press, la titular de este Departamento, María Dolores Muñoz Carrasco, ha criticado esta modificación que pretende que el expediente a tratar disponga de una cuantía mínima para tener acceso al sistema extrajudicial de arbitraje, cuando, hasta el momento, no se establecía.
Frente a esto, Muñoz ha destacado que el sistema del arbitraje, al que se atienen voluntariamente las dos partes, busca "dar garantía a personas sin recursos, que ven sus derechos vulnerados y ven que ahí una institución que garantiza que se pueda mediar para que se reponga si no todo parte del bien".
Con esta modificación, el Ministerio "intenta ir hacia una economía del procedimiento en detrimento de la garantía de los derechos de los consumidores", ha subrayado Muñoz.
Ante esta situación la Secretaría General de Consumo junto al órgano regional de arbitraje remitirá un informe al Ministerio porque esta modificación supone "un ataque" a las posibilidades que el arbitraje ofrecía a los consumidores.
Por otra parte, la secretaria general de Consumo de la Junta de Andalucía ha destacado la necesidad de que el arbitraje sea "más efectivos" y "más rápido" en la Comunidad para que no decaiga el interés de los consumidores.
"La pretensión es cumplir los tiempos para que el servicio sea útil para la ciudadanía, si no, no vale, no garantizamos nada. Al mismo tiempo, también hay que vigilar que los productos y los servicios que se suministran tengan todas las garantías".
Según datos de este Departamento, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, más de 3.000 empresas en Andalucía están acogidas al sistema de arbitraje de la Comunidad.
