Vuelta a empezar. Han pasado diez años (2002) desde aquella histórica comida en la Casería del Quiebrajano entre el entonces ministro Cristóbal Montoro y el alcalde de Jaén, Miguel Sánchez de Alcázar, en la que Montoro se comprometió a realizar una presa de laminación en el río Eliche, que más tarde se materializaría en la firma de un protocolo de actuaciones entre el Ayuntamiento de Jaén, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Ahora, los vecinos de ‘Los Puentes’ lamentan que ni hay presa, “porque se enterrró”, ni se han regularizado las viviendas, ni serán suelo urbano consolidado, como se dijo. Así lo manifestó el presidente de la asociación de vecinos ‘Puensi’ del Puente de la Sierra, Antero Jiménez, quien recordó que se está avanzando, pero hacia atrás.
Ayer, tras una tensa comisión de seguimiento de cómo evoluciona aquel protocolo firmado para la intervención en  la zona de Los Puentes, en la que participaron el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo; la secretaria general de Ordenación del Territorio de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Gloria Vega; la delegada del Gobierno andaluz, Purificación Gálvez; el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, y el ingeniero jefe de la CHG, José Martín, el futuro de los puentes ha vuelto a cambiar.


El 22 de junio de 2009, otra comisión de seguimiento, estableció que unas treinta casas de la zona de Los Puentes de Jaén capital se encontraban dentro de dominio público hidráulico, 17 de ellas en el Puente de la Sierra, y unas doscientas corrían riesgo de inundación.
Tres años después, según indicó ayer la secretaria general de Ordenación del Territorio de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Gloria Vega, ya no son treinta y doscientas con riesgo de inundación. Ahora son 600 viviendas y 400 edificaciones de diverso tipo como naves de apero las que están en zona inundable. Es decir, cuya naturaleza es ilegal.


Según las estimaciones ofrecidas se trataría del 20 por ciento de las viviendas. El resto, el 80 por ciento, pueden tener su licencia de ocupación. Eso es lo que se recogerá en el nuevo proyecto para el encauzamiento de los ríos, que ha variado por cuestiones de impacto medio ambiental y por la nueva normativa de la Junta de Andalucía para zonas inundables. Eso, y que en lugar de costar 60 millones de euros, ahora costará entre 100 y 120, de los que la Junta y el Gobierno de España pondrán el 45 por ciento y el Ayuntamiento de Jaén el 10 por ciento.


Toda esta situación afecta al nuevo Plan de Ordenación Urbanística de Jaén, que lleva 16 años de retraso para su aprobación. El Ayuntamiento tiene que ceñirse a la legislación vigente, en este caso, en materia de zonas inundables. En ese sentido, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, diez años después, va a elaborar un mapa para definir el nivel de inundabilidad de las casas, es decir, si el agua alzanzaría cinco o sesenta centímetros en caso de lluvias torrenciales. La Junta asegura que esta circunstancia no tiene porqué afectar a la redacción del PGOU, sin embargo, el Ayuntamiento debe determinar qué viviendas se pueden habitar y cuáles no y no posee el mapa de riesgo. Por lo tanto, el alcalde informó de que se elaborarán planes individuales de protección para las viviendas, conforme a la Ley de Protección Civil de 1985, para así poder aprobar inicialmente el PGOU en diciembre y elevarlo a la Junta de Andalucía para que proceda a su aprobación definitiva, compromiso que dijo tener del presidende Griñán durante la primavera de 2013.

“Somos la pelota de un partido de ping-pong”

El presidente de la asociación de vecinos ‘Puensi’, del Puente de la Sierra, Antero Jiménez, se mostró muy molesto con la situación que viven desde que en 1996 se registraran las inundaciones y 150 casas quedaran prácticamente devastadas. “Esto es como un partido de ping-pong que están jugando las administraciones y nosotros, los vecinos, somos la pelota”.
Antero Jiménez dijo que los vecinos de los Puentes no comprenderían este nuevo paso atrás en la regularización de más de cinco mil viviendas y en la ejecución del proyecto del encauzamiento de los ríos.
Para Antero Jiménez la única realidad es que  “no se llegan a soluciones concretas” y no hay acuerdo “entre Junta y Ayuntamiento sobre la forma de regularizar de verdad las viviendas”.