El ex director adjunto de Mercasevilla Daniel Ponce acusó ayer a su superior, Fernando Mellet, de ser el responsable de la petición de comisiones ilegales y de hacerlo por orden del entonces delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, también acusado.
La quinta jornada de juicio ante un jurado popular en la Audiencia de Sevilla volvió a sufrir cortes de luz, en total seis, que obligaron a terminar los últimos 45 minutos de sesión con los acusados y abogados hablando a gritos y con el secretario judicial tomando notas, al no disponer de sistema de grabación.
También declaró la funcionaria Regla Pereira, quien negó haber intervenido en la petición de comisiones, dijo que su trabajo era de secretaria para ordenar papeles y llevar café a las reuniones, y aseguró que no le subieron el sueldo hasta un año después de ser nombrada directora de Proyectos de la Fundación Mercasevilla.
Tras la negativa de Fernando Mellet a declarar, su adjunto Daniel Ponce aseguró ayer que fue su jefe quien le ordenó pedir una comisión de 300.000 euros a los empresarios denunciantes y le precisó que era por orden de Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en Sevilla y también acusado.
“Lo mandó al carajo”
Explicó que Mellet no podía acudir a la reunión fijada para el 16 de enero de 2009 con los empresarios del Grupo La Raza, a quienes se iba a adjudicar la Escuela de Hostelería de Mercasevilla, por lo que le pidió que les recordase “que tenían que hacer frente a un compromiso anterior de colaboración con la Junta de 300.000 euros”.
Ponce al principio “lo mandó al carajo”, afirmó, pero cumplió la orden porque “ellos ya lo sabían y yo me limité a recordárselo”, dijo el acusado, quien más adelante precisó que no le pareció un asunto ilícito porque “era una colaboración para proyectos sociales y lo pedía la Junta”.
El exdirectivo declaró que el empresario “se quedó pillado” al oír el mensaje, pero en su opinión la sorpresa se debía a que fuese él quien se lo recordase.
Ponce, además, explicó que no tiene estudios porque sólo aprobó la EGB y que lleva 30 años trabajando en el mercado, donde entró como portero y luego fue vigilante, y aunque fue subdidrector nunca cobró mas que su sueldo de vigilante.
El jurado hizo muchas preguntas a Ponce y Pereira, centradas en por qué Mercasevilla no hizo un concurso para adjudicar la Escuela de Hostelería, por qué logró una subvención de 900.000 euros sin publicidad, cómo pensaban justificar la comisión en forma de donativo “para niños saharauis” -como comentan irónicamente los imputados en la grabación- y por qué Mellet y Ponce afirman en la cinta que esas cosas “pasan en todas las administraciones”.
Sólo se habló de cursos
Por su parte, la funcionaria Regla Pereira afirmó al jurado que en la única reunión a la que ella asistió sólo se habló de los cursos que iba a impartir La Raza y de la segunda, en la que Mellet y Ponce fueron grabados pidiendo una comisión de 450.000 euros, se enteró cuando declaró ante la Policía como imputada.
Pereira aseguró que nunca le han propuesto cobrar comisiones “ni aceptaría participar en una cosa así”, pero a petición del presidente del jurado se negó a identificar la voz de Mellet y Ponce en la grabación ni quiso valorar desde el punto de vista moral sus afirmaciones sobre la “contribución voluntaria” que exigieron.
A 350 sentencias contenciosas al año
La Junta de Jueces de lo Contencioso de Sevilla ha acordado limitar a 350 las sentencias que dictarán al año, dentro de una serie de “medidas de autorregulación” en defensa de su “salud laboral” y para garantizar el derecho a la tutela judicial de los ciudadanos.
