Andalucía

Las “mordidas” de los funcionarios

La Fiscalía de Sevilla ha explicado hoy al jurado del primer juicio del caso Mercasevilla que los cuatro acusados pidieron "una comisión ilícita o mordida" a cambio de "hacer su trabajo como funcionarios"

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  • Fernando Mellet -

Pidieron una “comisión o mordida” a cambio de “hacer su trabajo como funcionarios”. Así de contundente se ha mostrado ante el jurado el fiscal en el primer día de juicio del caso Mercasevilla, aunque la grabación ha seguido siendo clave para el principal imputado, Fernando Mellet, hasta el punto de solicitar el amparo del jurado en defensa de sus derechos fundamentales.

En sus alegaciones al jurado que enjuicia el primer sumario del caso Mercasevilla, relativo a la presunta petición de una comisión de 450.000 euros, el fiscal anticorrupción ha afirmado que se trató de una “conducta reprobable” pues pidieron “una comisión, mordida o dádiva por hacer algo que estaba dentro de sus funciones” y “para obtener un beneficio ilícito”. Y ha sido bastante gráfico: “¿quieres gestionar la escuela? dame un dinero”.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones han comenzado recordando que todos los tribunales que han visto este caso han confirmado que los procesados eran funcionarios y la legalidad de la grabación que recoge su petición de dinero a dos empresarios. Pese a ello, José Manuel Carrión, defensor del exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet, ha anunciado al jurado que su cliente se acogerá este martes a su derecho a no declarar “no para escurrir el bulto, sino en defensa de su derecho a la intimidad y a no declararse culpable”.

La grabación en la que presuntamente Mellet y su adjunto Daniel Ponde pidieron en enero de 2009 una comisión ilegal de 450.000 euros al Grupo La Raza, como condición para adjudicarles la Escuela de Hostelería de Mercasevilla, se hizo “en su propio despacho profesional, de manera subrepticia”, con una grabadora oculta y sin garantía judicial, según el letrado. Por ello, ha asegurado que la cinta que se escuchará “no sirve como prueba” y Mellet no declarará “para proteger sus derechos fundamentales” pese a que “tiene muchas ganas de contestar”.

Mellet y Ponce, según esa grabación, pidieron una “colaboración voluntaria con la Junta” y prometieron que, a cambio, el Grupo La Raza “obtendría favores, tales como más subvenciones para futuros cursos y la concesión de todos los catering que se organizaran”. “La Junta colabora con quien colabora” y “la Junta nos dice que esto es para niños saharauis y yo me tengo que creer que es para niños saharauis, aunque después sea para carteles de Felipe González”, dicen presuntamente los imputados.

Carrión ha asegurado que su cliente “pide amparo al jurado” en defensa de sus derechos porque la entrevista “sólo preparaba un negocio” pero ha sido sacada de contexto en un caso que “tiene raíces políticas muy profundas” al ejercer la acusación particular Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla y presidente del PP andaluz.

Luis García Navarro, abogado de la acusación particular del PP, ha resaltado que la comisión ilegal se pidió en nombre de un alto dirigente de la Junta, en deferencia al acusado Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, y ha recordado que el caso que ahora se enjuicia fue el germen de la investigación sobre los ERE falsos, convertido en “el mayor caso de corrupción que se ha visto en Andalucía en los últimos años”. Según ha expuesto, en este caso se trata se hacer “Justicia con mayúsculas” y la corrupción “debe ser perseguida por todos, por la sociedad, los ciudadanos y la Justicia”.

Sobre la grabación, Navarro recordó que, además de los imputados, prestará declaración como testigo Juan Gallo, alto cargo de la Junta “que fue quien recibió el CD con la grabación”, con la cual los empresarios “no intentaron buscar una vendetta, sino que se la entregaron a la Junta para que depurara las responsabilidades a que diera lugar”. Tras escuchar la grabación, según el fiscal, tendrá lugar la declaración de los acusados, “que tienen derecho a mentir”, y de los testigos, “algunos presenciales”, como los dos empresarios “que grabaron la conversación, la cual no se grabó desde fuera, sino que ellos estuvieron allí”.

La Fundación, la gran perjudicada del caso

El letrado que ejerce la acusación en nombre de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla, Juan Piñeiro, ha señalado que Mellet, Ponce y Pereira “eran la cabeza visible” de la entidad y de la propia fundación, “que se ha visto defraudada en la confianza de estos señores y enormemente perjudicada”, pues finalmente “no hemos recibido la subvención, que se ha paralizado” en tanto en cuanto dure el proceso judicial, “y no hay empresario que quiera acometer la escuela de hostelería”. Así, se ha referido al “daño a la imagen” de la fundación, pues “la palabra Mercasevilla está asociada a corrupción y escándalo, y ese daño es muy difícil de reparar”.

Los cuatro acusados en el caso se declaran “totalmente inocentes”

Los cuatro acusados en el primer juicio del caso Mercasevilla se declararon ayer inocentes al comienzo de la vista, entre ellos el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, quien precisó que es “totalmente inocente”, como viene manifestando “desde el primer día”.

Al comienzo del juicio ante el jurado popular, el magistrado presidente preguntó a los procesados si se declaraban culpables o inocentes del delito de cohecho que les imputa el fiscal y las acusaciones particulares del PP y de los actuales responsables de Mercasevilla.

El exgerente del mercado, Fernando Mellet, afirmó que es “absolutamente inocente”, y su entonces adjunto, Daniel Ponce, y la funcionaria Regla Pereira han afirmado que son inocentes. Rivas, último que tomó la palabra en este trámite, afirmó: “Soy totalmente inocente, como vengo manifestando desde el primer día”.

El letrado de Fernado Mellet pidió que se leyera buena parte de su escrito de defensa, de más de 100 páginas, una lectura que le llevó al secretario judicial 55 minutos y que demoró el desarrollo de la vista.

Pereira no estuvo presente en la reunión

E letrado que defiende a María Regla Pereira, Carlos Galán, ha asegurado que su patrocinada “no estuvo presente” en la reunión donde se pidió supuestamente la comisión “ni tuvo conocimiento” de que esto fuera a ocurrir, y ha pedido su libre absolución.

La grabación, tras las alegaciones previas

La vista oral se retomará este martes con las alegaciones previas de los abogados de Daniel Ponce, María Regla Pereira y Antonio Rivas,  exdelegado provincial de Empleo, y la audición de la grabación, tras lo que comenzarán las declaraciones de los acusados.

21 meses de suspensión y 900.000 euros de multa

La Fiscalía solicita 21 meses de suspensión y 900.000 euros de multa para los cuatro acusados: Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla; Daniel Ponce, ex director adjunto; Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en Sevilla, y la funcionaria Regla Pereira.

Juan Lanzas y Antonio Fernández, los testigos

En el juicio declararán como testigos los imputados en la trama de los ERE’s, el “conseguidor” Juan Lanzas; el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá;  el responsable del gabinete jurídico de la Junta y el interventor general.

Mientras, se liberan los servicios en Mercasevilla

En plena celebración del primer juicio sobre Mercasevilla, la comisión ejecutiva de la sociedad gestora del mercado central ha celebrado una sesión para dar cuenta de la modificación de los reglamentos de prestación de servicios y de régimen interior, relativa a la liberalización de los servicios de la lonja de pescado, según han informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento, a la sazón socio mayoritario de la empresa. Esta medida, como es sabido, afectará a un centenar de los 198 miembros de la plantilla.

Una vez salvado este paso, que la comisión conozca esa modificación, el nuevo texto de los reglamentos de prestación de servicios y de régimen interior, adaptados para acoger la liberalización de los servicios ajenos al interés público o las necesidades comunes, será elevado a la junta general de accionistas de Mercasevilla y al pleno del Consistorio.

Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla, ha manifestado ya a Europa Press que los aspectos de esta sesión de la comisión ejecutiva serán “impugnados jurídicamente”, dado que el comité de empresa se opone a la liberalización de los servicios de la lonja.

 

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