La Mancomunidad de Servicios Públicos de la Provincia de Huelva ha lamentado su pesar por el elevado coste, cifrado en más de 8 millones de euros, que tendrá que pagar el municipio de Valverde del Camino como consecuencia de su separación unilateral. MAS considera que “los acuerdos firmados deben cumplirse, pues de otro modo se ocasionarían gravísimos perjuicios al resto de los municipios”.
Una consecuencia que también podría padecer Cartaya de hacerse efectiva la salida por parte de su alcalde, el independiente Juan Polo, y sus socios del Partido Popular en el Gobierno local, que costaría a los cartayeros más de 10 millones de euros.
Con respecto a Valverde, y según ha informado MAS en una nota, en virtud del expediente de separación por incumplimiento grave aprobado con al unanimidad de los representantes de todos los ayuntamientos y de las cuatro formaciones políticas (PSOE, PP, IU y PA) en el Pleno de la Mancomunidad el pasado 14 de junio, se ha practicado una liquidación al Ayuntamiento de Valverde del Camino de 8.051.572 euros, y se ha pedido al municipio que consigne esta deuda en sus presupuestos.
Dicha deuda no responde a un criterio arbitrario, sino que es la traducción literal de lo dispuesto tanto en los estatutos de MAS como en los acuerdos suscritos por la Mancomunidad y Giahsa con cada ayuntamiento para regular el proceso de separación de un municipio. Así, el capítulo más cuantioso se corresponde al capital social de Giahsa, del que el 3,09% correspondía a Valverde, es decir, 2.316.300 euros.
Del mismo modo, en la liquidación destacan otras indemnizaciones importantes, como las correspondientes a los pasivos y préstamos contraídos por Giahsa, de los que 1.610.585 euros competen a Valverde, los daños y perjuicios por cánones pendientes (1.526.763 euros) y las propias deudas del Ayuntamiento por los servicios prestados por la empresa pública (1.507.232 euros), además de otros conceptos hasta completar los más de 8 millones de euros.
Del mismo modo, se establece que las cantidades reflejadas deberán ser satisfechas por el Ayuntamiento en el plazo de dos meses desde la notificación -ya transcurridos- por lo que se irán aplicando penalizaciones de hasta el 20% e intereses en función del retraso“. Del mismo modo, ante el impago “podrá solicitarse a otras Administraciones la retención y detraimiento” de la deuda.
Lejos de que esto, como viene sosteniendo el gobierno municipal valverdeño del PP, suponga ningún tipo de coacción o amenaza, desde la Mancomunidad se aclara que la única pretensión es “hacer valer lo que ha sido acordado por todas las partes, las reglas que nos hemos dado y que marcan con plena nitidez el camino a seguir tanto por el Ayuntamiento que, legítimamente y en función de sus competencias, decida irse, como el de la propia Mancomunidad y del resto de municipios que siguen formando parte de servicio provincial”.
Campaña de desprestigio
Por parte de Giahsa también se ha mostrado el malestar existente por la campaña de desprestigio desarrollada por el Ayuntamiento de Valverde en contra de la empresa pública, sobre cuya actuación se vierten graves acusaciones. Para los responsables de la empresa pública de MAS, esta campaña tiene como único objeto “justificar lo injustificable y ocultar el verdadero propósito del incumplimiento grave llevado a cabo por Valverde del Camino al contratar por procedimiento de emergencia a otras empresas, que es puramente financiero y que requiere ocultar la elevada deuda en la que incurre el municipio con esta decisión”.
La mejor muestra de que tanto MAS como Giahsa actúan en todo momento guiadas por el sentido de servicio público, de escrupuloso respeto a la legalidad y de la responsabilidad que supone gestionar unos recursos tan básicos para los ciudadanos como el agua y los residuos es que “estamos auxiliando a Valverde desde que se quedó sin agua a principios de agosto”, al haber agotado sus propias reservas.
Ello ha requerido la instalación de nuevos bombeos y el reforzamiento de la conducción existente desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) ubicada en Minas de Riotinto hasta el municipio valverdeño. Giahsa ha atendido así la petición del Ayuntamiento, pese a que la empresa suministradora de Valverde, Aqualia, ni ha firmado el preceptivo contrato, ni ha depositado la fianza correspondiente ni ha abonado hasta ahora “ni uno sólo de los más de 200.000 metros cúbicos de agua que, por importe superior a 120.000 euros, le hemos aportado desde marzo”.
Giahsa cesó en la prestación del servicio de aguas y recogida de residuos en Valverde el pasado 15 de marzo, obligada ante el uso de la fuerza llevada a cabo por el Ayuntamiento de Valverde para impedir a los técnicos llevar a cabo su trabajo.
LOS ALCALDES INDEPENDIENTES ECHAN MÁS LEÑA AL FUEGO
Por su parte, los alcaldes y concejales de los ayuntamientos gobernados o con representación de los grupos independientes en la provincia de Huelva, se han mostrado este viernes partidarios de salirse de la Mancomunidad Provincial de Servicios (MAS) y han dejado claro que cada Ayuntamiento tiene derecho "a velar por el interés de sus ciudadanos" y han criticado que "MAS y Giahsa destinen una gran parte de su presupuesto a mantener los sueldos millonarios de su cúpula político-técnica, en vez de a mejorar el servicio a los ciudadanos y a cumplir los compromisos alcanzados con los Ayuntamientos".
Así lo destacaron el alcalde de Bollullos, Francisco Díaz Ojeda, portavoz del colectivo, y el de Cartaya, Juan Polo, anfitrión de una reunión celebrada en el Consistorio cartayero, que remarcaron que "los ayuntamientos gobernados por independientes tienen total autonomía para adoptar las decisiones que consideren oportunas sobre el modelo de gestión del agua de sus ciudadanos".
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