Entre los imputados que presentarán recursos a través de sus representaciones legales, se encuentra el regidor, cuya defensa centrará su escrito en aspectos "meramente técnicos" de dicha resolución, en la que se acuerda la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.
Asimismo, también recurrirán este auto judicial empresarios presuntamente vinculados al caso. Así, mientras que uno de ellos ya ha presentado el recurso, el otro, que está imputado sólo por un supuesto delito de blanqueo, lo presentará esta semana, según precisaron a Europa Press desde sus defensas.
La instructora del caso dictó este auto, una vez que se han practicado "cuantas diligencias se estimaron necesarias para determinar las circunstancias de los hechos y de las personas que en ellos tuvieron participación" y tras el informe presentado el pasado mes de diciembre por la Fiscalía de Málaga.
En dicha resolución, la jueza indica que de las diligencias practicadas "se desprende que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, presuntamente existía un entramado en virtud del cual se concedían licencias urbanísticas que vulneraban la normativa vigente en esta materia en el momento de los hechos a cambio de retribuciones económicas".
En el auto, a la que tuvo acceso Europa Press, se acuerda seguir la causa contra el alcalde por si los hechos que se le imputan constituyen los presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho y blanqueo de capitales, ya que, según el escrito, supuestamente "conocía y dirigía la operación".
Por su parte, en la resolución se precisa que el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, sería presuntamente el que "controlaba y contabilizaba los pagos hechos y los débitos", por lo que se sigue la causa por los delitos de cohecho y prevaricación urbanística, mismo delito, este último, que se le imputan a dos asesores jurídicos, quienes supuestamente habrían informado a favor de otorgar licencias contrarias al planeamiento.
Supuestamente los empresarios habrían abonado dinero por esos permisos de obras, por lo que se les imputan delitos de cohecho y prevaricación urbanística, en este caso como inductores; excepto a uno, cuya empresa se habría utilizado para ocultar el capital, por lo que se le imputa un delito de blanqueo de capitales, igual que al alcalde y a su mujer.
La jueza insta a dar traslado al fiscal y a las acusaciones personadas para que realicen el escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, aunque precisa que pueden solicitar "excepcionalmente" la práctica de diligencias complementarias para formular la acusación. Además, da un plazo para presentar recurso.
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