El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía, con el voto en contra del PP-A y el apoyo de PSOE-A e IULV-CA, no habiendo ningún diputado de IULV-CA que haya votado en contra como sí ocurrió en el debate de totalidad.

   Como se recordará, el pasado 24 de julio la Junta aprobó una modificación del plan para dejar sin efecto para el año 2012 una serie de artículos, lo que supuso restituir la paga extraordinaria de julio para los empleados públicos, después de la decisión del Gobierno de la Nación de suprimir la de Navidad.

   Este proyecto de ley recoge el plan que la Administración autonómica llevará a cabo para dar cumplimiento al objetivo de déficit en 2012, fijado en el 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto. En relación con el plan inicialmente diseñado, la norma introduce novedades en el ámbito del personal, con el compromiso de mantener el máximo empleo público posible y la garantía de que ninún empleado público percibirá una retribución inferior a los 1.000 euros por jornada completa como consecuencia de la aplicación del Decreto-ley.

   Asimismo, se reconoce expresamente que las medidas en materia de personal tienen carácter excepcional y temporal, esto es, estarán vigentes únicamente durante los ejercicios 2012 y 2013, siempre que los ingresos de la comunidad recobren vías de normalidad y que la reducción del déficit público estructural y la minoración de la deuda pública posibiliten la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

   Respecto a las retribuciones, se fija en un 7,5 por ciento, en lugar del cinco por ciento inicialmente previsto, la reducción de los sueldos de los altos cargos de la Junta (presidente y consejeros y asimilados). También se modifica la reducción de jornada y bajada proporcional de retribuciones del personal temporal al servicio del sector público andaluz, que será del 10 por ciento frente al uno por ciento anunciado anteriormente.

   El texto plantea el doble objetivo de aumentar los ingresos en 1.000 millones de euros y reducir el gasto de la Administración autonómica en 2.500. Se compensarán así los 3.500 millones que Andalucía dejará de recibir debido a las políticas de recortes impuestas por el Gobierno central y a las menores transferencias de los Presupuestos Generales del Estado.

   Las medidas aprobadas, que se desarrollarán hasta finales de 2013, afectan a todos los capítulos del Presupuesto autonómico vigente, tanto en la vertiente de ingresos como en la de gastos. Además, recogen las que el Gobierno central ha señalado de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas.

   Para hacer frente a esta exigencia, la Junta parte de principios básicos como preservar el sistema educativo público; no contribuir a la destrucción de empleo, y pedir un esfuerzo temporal y solidario del conjunto de empleados públicos, proveedores y organizaciones sindicales y empresariales. Respecto al primero de estos principios, destaca la decisión de no incrementar la ratio de alumnos por aula.

EL PP LLAMA "MENTIROSOS COMPULSIVOS" A PSOE E IU

   El diputado del PP-A Rafael Ruiz ha manifestado que PSOE e IU son unos "mentirosos compulsivos" cuando responsabilizan al Gobierno del PP de la situación de crisis en Andalucía y tratan de hacer creer que van a crear empleo y reactivar la economía. Ha indicado que, por su parte, el PP-A mantiene una posición de coherencia y ha planteado un paquete de enmiendas al plan de ajuste que tratan de aportar y facilitar fórmulas para hacer recortes donde se tienen que hacer.

   Ha indicado que a la Junta solo le interesa la "confrontación política permanente", contradiciendo sus propios actos. Ha indicado que lo único que PSOE e IU han aportado al proyecto de ley más recortes y engaños.

   Ruiz ha indicado que el PP-A ha hecho aportaciones importantísimas para garantizar que no ocurra lo que viene sucediendo, y que el gasto público tenga suficiente control desde la actividad parlamentaria. Ha apuntado que el PP tiene claro que lo que ha aportado en este debate del plan de ajuste "no es un texto político, sino legislativo, que da opciones de gobernar y de poner transparencia y fiabilidad en la gestión de los público".

PSOE-A RESPONSABILIZA AL GOBIERNO DE RAJOY

   Por su parte, el diputado del PSOE-A José Caballos ha querido dejar claro que la Junta elaboró este plan de ajuste para cumplir por una decisión impuesta por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que "no comparte" y ha asegurado "alto y claro" que, frente los intentos de "manipular y mentir" a los ciudadanos y, especialmente, a los empleados públicos, la decisión de subir la jornada laboral a 37,5 horas es del Gobierno de Mariano Rajoy.

   Tras pedir al PP y al Gobierno central que abandonen "la falsedad y la demagogia", el diputado socialista ha insistido en que el hecho de que los empleados públicos a partir de ahora tengan que "trabajar más, ganar menos, tener menos vacaciones y menos ayudas sociales, es también fruto de una decisión del Gobierno central".

   Caballos ha pedido a los miembros del PP-A que si son "gente sensata y de orden", retiren siete enmiendas presentadas a este proyecto de ley que piden que se supriman artículos del decreto-ley aprobado por el Gobierno central. De no hacerlo, estarán demostrado, a juicio del socialista, "irresponsabilidad, infantilismo y radicalismo". "Se habrán retratado como una oposición irresponsable y marginal", ha destacado el diputado del PSOE-A.

IULV-CA DESTACA LAS MEJORAS REALIZADAS EN EL TEXTO

   Finalmente, el diputado de IULV-CA Ignacio García ha manifestado que la tramitación como proyecto de ley del decreto del plan de ajuste permitió abrir un espacio de reflexión y de serenidad, de manera que lo que sale hoy de la Cámara "es mejor que lo que entró". Ha indicado que los ajustes son, sin duda, consecuencia de la deriva socioeconómica del Gobierno de Mariano Rajoy, sumiso a la canciller alemana, Angela Merkel.

   Ha aludido además a la "traición" al Estatuto de Autonomía que se ha producido por parte del Partido Popular, que está llevando a cabo una "reforma ideológica" que supone que no ha todo el mundo se le aplican los recortes que sí se han trasladado a Andalucía. Ha aludido al hecho de que no se persigue el fraude ni la economía sumergida ni se grava a las grandes fortunas, al tiempo que hay exenciones fiscales a la Iglesia.

   En cuanto al proyecto de Ley del plan de ajuste, ha expuesto que el Gobierno andaluz y los grupos han mantenido un periodo de negociación y reflexión que ha permitido introducir una serie de mejoras, dentro del escaso margen de maniobra que permite "el estrangulador" Gobierno de Rajoy. Ha apuntado que el recorte salarial que se aplica a los empleados públicos es exclusivamente el que viene impuesto por el Ejecutivo nacional.