En el escrito, la juez sustituta del Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar sostiene que los doce imputados pudieron cometer un delito contra la seguridad de los trabajadores, otro de homicidio imprudente y otro de lesiones imprudentes.
Entre ellos se encuentran Juan Francisco Martín Enciso, jefe de Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Oriental, dependiente del Ministerio de Fomento, y Pablo Jiménez Barreda, ingeniero director el Proyecto de Ejecución del tramo Herradura-Taramay de la A-7.
Mantenimiento insuficiente
Los seis trabajadores -cinco portugueses y un español- fallecieron al desplomarse la cimbra utilizada en la construcción del viaducto sobre el Río Verde, y la juez sostiene que el colapso de esta estructura metálica, a la vista de distintos informes técnicos, se debió a un mantenimiento insuficiente, entre otros factores.
De hecho, ni el estudio de Seguridad y Salud elaborado por Fomento ni el Plan de Seguridad y Salud de la UTE La Herradura -adjudicataria de la obra y formada por Azvi, Obras Subterráneas y Ploder- contemplaban la revisión de la autocimbra.
Tampoco hay constancia de que el personal de la UTE revisara habitualmente la estructura ni de que esa labor estuviese encomendada al personal acreditado, "contradiciendo las propias directrices del coordinador de seguridad de las obras".
Por ello concluye que las instrucciones para el mantenimiento y control de la cimbra eran "insuficientes", que la empresa contratista no siguió un plan sistemático de control y seguimiento del estado de los equipos y que una de las subcontratadas, Estructuras y Montajes de Prefabricados SL, no controló que hubiese inspecciones o revisiones de la estructura.
En cuanto al Ministerio de Fomento, indica que como promotor de la obra debió de encargarse de garantizar las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en la obra.
Sobre la causa del colapso de la cimbra, apunta que comenzó en la unión entre el marco trasero de la batería izquierda y el cordón inferior derecho del módulo adyacente de la batería simple, lo que causó la rotura en una de las soldaduras, y ello se debió "al aflojamiento de una tuerca de uno o varios tornillos de unión entre el marco trasero y el cordón inferior derecho".
De hecho, los informes atestiguan que tanto los tornillos de unión entre módulos de la cimbra como las uniones soldadas en el marco trasero son elementos que, de fallar, pueden producir su colapso.
Sin embargo, en el manual de instrucciones de la autocimbra son "escasas e insuficientes" las indicaciones con respeto a la comprobación del estado de las soldaduras y de las uniones atornilladas y no se especificaban cómo y con que materiales había que revisarlas.
Tras finalizar la instrucción del caso, UGT y CCOO pidieron celeridad en el procedimiento para la pronta celebración de juicio. El secretario provincial de la FECOMA-CCOO, Francisco Quirós, considera "determinante" el auto del juzgado al mantener que las instrucciones para el mantenimiento y control de la cimbra que se desplomó causando la muerte a los trabajadores eran "insuficientes". Mientras, el secretario provincial del área de Construcción de la UGT, Francisco Ruiz Ruano, consideró que el auto aporta "cuestiones novedosas" que cuestionan el planteamiento de las defensas.
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