La Policía Nacional ha desmantelado en Almería y El Ejido una trama a la que se acusa de estafar a alrededor de 300 ciudadanos subsaharianos y magrebíes en situación irregular a los que ofrecieron contratos de trabajo ficticios en comercializadoras agrícolas fantasmas por los que les cobraron cantidades que oscilaban entre los 600 y los 1.300 euros.
La operación se ha saldado con cinco detenidos que, según ha indicado en un comunicado la Comisaría Provincial, formaban una sociedad con estructuras piramidal encabezada por un líder e integrada por los intermediarios, encargados de tramitar contratos y cobros, y los encargados de captar a las víctimas.
La investigación se inició hace cuatro meses después de que la Oficina de Extranjería de la capital alertase de la existencia de varias empresas que estaban solicitando de una forma masiva autorizaciones de trabajo y residencia para extranjeros sin que estas tuviesen una actividad real.
Otros informes de control sobre estas empresas ficticias elaborados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería y de varias denuncias presentadas por perjudicados por la trama pusieron a los agentes sobre la pista de seis mercantiles inscritas a nombre de seis personas distintas aunque todas las gestiones eran realizadas por F.E.C., considerado por la Policía Nacional cabecilla de la red.
Una vez creadas las empresas ficticias, la banda se dedicaba a captar inmigrantes irregulares para ofrecerles un contrato de trabajo falso a cambio de elevadas sumas de dinero que oscilaban entre los 600 y 1300 euros.
DEUDA EN LA SEGURIDAD SOCIAL
Con esta simulación de relaciones laborales, la trama ha dado de alta a trabajadores en la Seguridad Social de forma fraudulenta, por lo que algunos han pasado, tras su baja en la empresa a ser beneficiarios de prestaciones o subsidios por desempleo. Otros han conseguido permisos de trabajo presentando los contratos de estas empresas fantasma.
Los investigadores calculan unos 300 inmigrantes han sido víctimas del grupo, y que además en la mayoría de los casos no se ha efectuado las correspondientes cotizaciones sociales, por lo que se calcula que han generado una deuda con la Seguridad Social de unos 100.000 euros.
Hasta el momento se ha arrestado a cinco personas pero la investigación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. Se les imputa sendos delitos de falsedad documental, estafa y contra los derechos de los trabajadores por los que han sido puestos a disposición judicial.
