Los departamentos de Sanidad de Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco han manifestado su rechazo a las políticas "regresivas" que en materia de Sanidad está desarrollando el Gobierno del PP y ha pedido al Ministerio que impulse el diálogo social e institucional con todas las autonomías, partidos políticos y agentes sociales y que "respete el papel y ámbito de decisión de las autonomías".
Esta declaración conjunta ha sido realizada después de que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, convocara a los consejeros autonómicos de Sanidad en Valladolid, a una reunión "informal" con el objetivo de evaluar el impacto de las medidas de la reforma sanitaria que ya se han puesto en marcha.
Según han recordado las citadas comunidades, que no han acudido a la cita, este encuentro se ha producido en vísperas de la aplicación de "dos nuevos recortes" de la sanidad pública como son la retirada de medicamentos del sistema de financiación pública y la definitiva implantación "de un sistema de aseguramiento ya superado en España por la Ley General de Sanidad, que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles, que ahora dependen de su situación de dependencia familiar o nivel de rentas, y de extranjeros que residen en España".
En este sentido, tras señalar que no han querido respaldar con su presencia este conjunto de políticas "regresivas", han asegurado que la solución a la actual situación de retracción de la economía no pasa "por imponer un modelo económico y social" basado en la restricción de derechos fundamentales básicos como son la educación y la sanidad ni en la privatización de la cobertura y gestión de los servicios públicos.
Por el contrario, estas comunidades consideran el mantenimiento de una sociedad "cohesionada, equitativa y con una sanidad y educación de calidad" son bases "esenciales" para hacer frente a la crisis.
Las cuatro comunidades han asegurado que la "mayor fortaleza" del Sistema Nacional de Salud es su "amplio" respaldo popular y profesional, que, según han destacado, ha contado, además, "con el apoyo de todos los partidos españoles que tanto en los diferentes Gobiernos de España como autonómicos han hecho posible un Sistema Nacional de Salud hoy moderno, de calidad y eficiente en lo económico".
En su comunicado, han reconocido que es necesario hacer reformas y creen que serían capaces de encontrar "acuerdos comunes entre responsables políticos, profesionales y agentes sociales". Sin embargo, han advertido de que ese respaldo social, político y profesional "puede quebrarse si prolifera la pérdida de los principios de equidad y cohesión".
A su juicio, es necesario "desterrar definitivamente los tópicos de la ineficacia y despreocupación" que frecuentemente se adjudica a las administraciones, servicios y empleados públicos. "Debemos dignificar su labor ante la sociedad, prestigiar su papel y trabajar de manera conjunta para salir reforzados de esta crisis", han añadido.
En concreto, sobre la actual coyuntura de la sanidad pública, han asegurado que la reforma del Sistema Nacional de Salud "debe de partir siempre del diálogo conjunto institucional y democrático". A su juicio, esa situación no se ha dado hasta ahora y, en concreto, ha criticado el "rechazo" del Gobierno central a tramitar el RDL 16/2012 mediante proyecto de Ley para que estuviera sujeto "a debate y negociación entre los partidos". Tampoco creen que se ha dado en las sucesivas medidas que ha ido adoptando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "sin el adecuado debate técnico y político en el seno del Consejo Interterritorial".
En este sentido, han expresado su rechazo a todas aquellas medidas que vayan "en contra de mantener los principios de universalidad de la atención y cohesión del sistema territorial".
DIÁLOGO
Además, han solicitado al Ministerio de Sanidad, "una vez más", que impulse el diálogo social e institucional con todas las autonomías, partidos políticos y agentes sociales en el seno del Consejo Interterritorial y en las sedes parlamentarias.
También le han reclamado que "respete el papel y ámbito de decisión de las autonomías" y que entienda que "la sanidad es un espacio constitucional de responsabilidad compartida donde las autonomías han acumulado además un enorme bagaje de experiencias en la mejora de la calidad y eficiencia de la sanidad española sobre la que construir una salida a los actuales desafíos sin menoscabo de los derechos de la ciudadanía".
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