El exconsejero de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías ha afirmado este miércoles que "nunca nadie" ni de manera individual ni colectiva le hizo saber que el procedimiento por el que se gestionaba el fondo 31L tuviera visos de ilegalidad.
En la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración andaluza, el que fuera consejero de Presidencia entre 1996 y 1999 ha destacado que la decisión política del Gobierno en una situación de crisis económica fue "correcta" para poner en marcha estas ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas, pero "alguien ha podido hacer un uso ilegal del procedimiento" y si eso era así que "caiga sobre él todo el peso de la Ley".
Asimismo, Zarrías ha señalado que desconocía el convenio marco que regulaba este procedimiento, aunque "sí sabía que había una partida presupuestaria y que la Consejería de Empleo era la encargada de abordar estas cuestiones". "No sabía si era un convenio o cualquier fórmula jurídica", ha subrayado.
De igual manera, el que fuera alto cargo andaluz ha apuntado que este convenio "no se vio ni se aprobó en la comisión general de viceconsejeros ni por el Consejo de Gobierno".
