El exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha asegurado este martes ante la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía sobre las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía que las Consejerías de Empleo, Innovación o Hacienda debieron "tomar medidas" cuando la Intervención General le remitió el informe en el que este órgano detectó "graves deficiencias" en el procedimiento de gestión de las ayudas.
En su declaración inicial en esta sexta jornada de comparecencias, Gómez, que dirigió la Intervención General entre 2000 y 2010 y fue interrogado como testigo por la Guardia Civil en octubre de 2011 al haber emitido informes desfavorables sobre cómo el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) pagaba a los prejubilados de los ERE mediante transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo, ha insistido en que esta Administración, por "sentido común", debió "tomar medidas" al respecto porque, según ha ejemplificado de una forma muy gráfica, "sería como si el vecino te avisa de que al extractor de tu cocina le salen llamas" y, en lugar de llamar a los bomberos, "esperas a que el vecino te lo confirme por correo electrónico".
Con todo, Gómez --quien ha acudido a declarar acompañado del que fuera secretario general de Hacienda y su "superior jerárquico" Antonio Estepa, al que ha agradecido públicamente su apoyo, así como a todos los excompañeros de la Intervención General que le han ayudado a "recordar" y a documentarse para esta intervención ante el Parlamento--, ha insistido en la "legalidad" del marco general en el que se han aprobado los ERE y las ayudas sociolaborales a empresas y a individuales.
Así, ha recordado que el convenio marco de 17 de septiembre de 2001 entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, posterior agencia IDEA) y Empleo, "que establece que las ayudas las otorga la Consejería a través de la Dirección General de Trabajo" y que el IFA es "un mero mandatario del pago", no solo fue "respaldado en el presupuesto de la Junta de Andalucía, que es el principal instrumento de legalidad de financiación de la Administración autonómica", sino que, además, "todas las cuentas generales de la Junta son de general conocimiento y están a disposición de cualquier ciudadano en Internet desde 2001".
En este punto, el exinterventor general ha advertido también del "prolongado silencio" de la Cámara de Cuentas de Andalucía al respecto de las transferencias de financiación hechas en estos años con cargo al programa 31L y que ahora son objeto de investigación, lo que, a su juicio, lleva a "concluir con claridad que el marco general de la financiación de estas ayudas es perfectamente legal". "Esto no es un alegato político, es un razonamiento técnico que me parece imprescindible para salir al paso de interpretaciones que considero erróneas", ha apostillado.
Así pues, lo que Gómez ha reconocido es que, siendo este marco general "legal", lo que ocurrió es que en las transferencias de financiación del IFA se produjeron "hasta 15 errores, incumplimientos y deficiencias" que, en todos los casos, "son atribuibles a la Consejería de Empleo". Entre ellos, ha enumerado la "concesión de subvenciones por la Dirección General de Trabajo prescindiendo del procedimiento legalmente establecido" o la "generación de obligaciones" contraídas por esta Dirección General "sin cobertura presupuestaria".
Según Gómez, "todos" estos informes fueron remitidos a la entidad fiscalizada, es decir, al IFA, y ello a pesar "de que la normativa vigente no prevé qué debe hacer el interventor cuando detecta deficiencias" en una entidad como esta. Además, ha puntualizado que, en el caso de la referida auditoría de 2003, ésta se remitió también "de forma excepcional" por las anomalías detectadas, a la Consejería de Empleo, de la que dependía en aquel momento. "Este documento no fue, pues, una nota de observación, ni un comentario de salón, fue un informe anexo" y fue señal, a su juicio, de la "importancia" que la Intervención General dio a este "hecho excepcional" aún sin constatar en él "menoscabo o fraude de fondos públicos".
"Otra cosa es si el destinatario le dio la misma importancia", ha lamentado tras recalcar que el "informe definitivo y completo", aunque "no vinculante", fue "elevado a sus destinatarios legales: a la entidad auditada, a la Consejería de Innovación, a la de Hacienda y también a Empleo", administraciones que, en su opinión, deberían haberle dado "importancia al contenido" de la auditoría y verse así "obligadas a tomar medidas". Y ha insistido: "Quienes tenían que haber tomado las decisiones no las tomaron. Ahora no pueden quejarse de que no fueron advertidos". NO RECUERDA DESPACHAR ESTO CON GRIÑÁN
Dado que el actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, tanto la portavoz en esta comisión de IULV-CA, Alba Doblas, como el responsable del PP-A en la misma, Rafael Carmona, han cuestionado a Gómez sobre si despachó alguna vez este informe con él.
El exinterventor ha señalado que no lo recuerda y que, sobre si le llegó finalmente este informe sobre el IFA en 2005, "un consejero no se va a leer toda la documentación" que va dirigida a su nombre. Además, ha advertido de que tiene "más sentido" que esta lectura fuera acometida por el responsable de la Consejería a la que está adscrita la entidad fiscalizada, es decir, el IFA (ya entonces IDEA, dependiente de Innovación).
Aunque Gómez ha dicho que, evidentemente, esto no significa que Griñán "deba desconocer en absoluto determinadas conclusiones de estos informes de control financiero", sí que se ha negado a contestar a Doblas sobre si Griñán en este caso, y siguiendo el símil del fuego utilizado por el propio Gómez, debía de ser el "bombero" que lo apagara. "No quiero responder en esos términos", ha zanjado.
Tras indicar que con "ninguno de los últimos cuatro" consejeros de Hacienda en Andalucía (Magdalena Álvarez, José Salgueiro, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo) se ha sentido "presionado" ni "condicionado" como Interventor General de la Junta y que todos han respetado la total independencia de este órgano --"muy arraigada" en la Administración andaluza, según ha reiterado en diversas ocasiones--, Gómez ha confirmado, a preguntas del PP-A, que son los consejeros quienes tienen, "en el marco general, competencias para conceder ayudas o subvenciones" y que, en el caso de que quieran delegar dichas competencias, estas deben publicarse en el BOJA, algo que, según han denunciado en varias ocasiones los 'populares', la Junta de Andalucía no hizo.
Finalmente, Gómez ha aprovechado su último turno de palabra para defender la "profesionalidad" de todos los empleados de la Intervención General de la Junta de Andalucía y para poner de manifiesto que este órgano "ha ejercido su labor de control" tanto durante los diez años que él lo presidió como en la actualidad. En este sentido, ha lamentado que los interventores hayan sido "utilizados de forma abusiva" por los responsables políticos, bien como "parapeto", bien como "arma arrojadiza".
"Es evidente que ningún sistema de control, por perfecto que sea, podrá prevenir de abusos y de fraude, pero en este caso creo que el dispositivo de control ha dado los resultados que debía", ha concluido. Gómez ha terminado su comparecencia, de casi cuatro horas, esbozando algunas "propuestas de mejora" en el funcionamiento de la Intervención y de sus límites legales.
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