El vicepresidente del Gobierno andaluz y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha criticado este martes que el Gobierno de la Nación no haya remitido, pese a que el Parlamento andaluz se lo ha solicitado en varias ocasiones, el expediente de regulación de empleo (ERE) completo de la Faja Pirítica de Huelva, que se desarrolló durante el Gobierno de José María Aznar.
En una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, Valderas ha indicado que dicha documentación, tal y como aseguraba este lunes el presiente de la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación (ERE), Ignacio García, se hace necesaria para los trabajos de este órgano.
El dirigente de izquierdas ha asegurado que con la creación de la comisión de investigación se ha ganado una "primera batalla", dado que hacía 17 años que no se creaba una comisión de este tipo en el Parlamento andaluz. "Por este órgano van a pasar todos los responsables que estuvieron cercanos a lo que ha significado el escándalo de los ERE", ha añadido.
En esta línea, Valderas ha dicho esperar que la comisión de investigación logre "propuestas" que supongan un beneficio para el conjunto de la ciudadanía andaluza. Y es que, según ha indicado, el "gran objetivo" es que nunca más vuelva a repetirse ningún aspecto de fraude, "dentro de lo que representa el celo que tiene que tener la administración porque el dinero público se vele adecuadamente".
LA COMISIÓN ESTÁ HACIENDO "UN BUEN TRABAJO"
Tras pedir que se deje trabajar "con seriedad y tranquilidad" a la comisión de investigación, "que está haciendo un buen trabajo", ha dicho que a él no le corresponde calificar la acción en este órgano de otras formaciones que no sea a la que él pertenece. Si bien, sobre los miembros de IULV-CA en dicha comisión ha asegurado que están trabajando de manera "seria y solvente".
Finalmente, ha manifestado que en relación al fraude de los ERE hay "dos caminos": el judicial, que afecta a determinadas personas que han sido imputadas, y el de la comisión de investigación, que tiene el objetivo de establecer responsabilidades políticas y administrativas, "tanto por acción u omisión".
