La instructora ha dictado un auto por el que acuerda la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, una vez que se han practicado "cuantas diligencias se estimaron necesarias para determinar las circunstancias de los hechos y de las personas que en ellos tuvieron participación" y tras el informe presentado el pasado mes de diciembre por la Fiscalía de Málaga.
En dicha resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, la jueza indica que de las diligencias practicadas "se desprende que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, presuntamente existía un entramado en virtud del cual se concedían licencias urbanísticas que vulneraban la normativa vigente en esta materia en el momento de los hechos a cambio de retribuciones económicas".
Al alcalde se le imputa que supuestamente "conocía y dirigía la operación"; mientras que el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, sería presuntamente el que "controlaba y contabilizaba los pagos hechos y los débitos", por lo que se sigue la causa por los delitos de cohecho y prevaricación urbanística, mismo delito, este último, que se le imputan a los asesores jurídicos, quienes supuestamente habrían informado a favor de otorgar licencias contrarias al planeamiento.
Por su parte, supuestamente los empresarios habrían abonado dinero por esos permisos de obras, por lo que se les imputan delitos de cohecho y prevaricación urbanística, en este caso como inductores; excepto a uno, cuya empresa se habría utilizado para ocultar el capital, por lo que se le imputa un delito de blanqueo de capitales, igual que al alcalde y a su mujer.
La jueza insta a dar traslado al fiscal y a las acusaciones personadas para que realicen el escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, aunque precisa que se puedan solicitar "excepcionalmente" la práctica de diligencias complementarias para formular la acusación.
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