El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha descartado "cualquier tipo de presión" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejecutivo para que el propietario del Palacio de Moratalla, el duque de Segorbe, denunciara la ocupación de las instalaciones a cargo del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), aunque el diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo acusa al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de presiones.
En declaraciones a Europa Press, el representante del Ejecutivo central en la provincia ha manifestado que "lógicamente se le comunicó que si no iba a denunciar, se le retiraba el dispositivo de la Guardia Civil de allí", pues, "no tenía sentido tener allí a un número importante de agentes de la Guardia Civil si él no iba a denunciar y estaba de acuerdo en que hubieran ocupado su propiedad".
De este modo, "quizás a raíz del aviso y por miedo a que cometiesen algún daño material, decidió presentar denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil", según explica Primo Jurado, quien descarta "cualquier tipo de presión" y entiende que "el propietario lo valoraría y al final entendería que su deber cívico como ciudadano era denunciar una actuación ilegal, pero presiones ninguna".
Al respecto, el subdelegado supone que "el propietario también se impactó con las imágenes" de la ocupación, dado que "una cosa es que te lo digan y otra que tú veas en la piscina a la gente bañándose". Entonces, prosigue, "meditaría su decisión y por eso denunció".
Mientras tanto, continúa la investigación para averiguar por qué se tardó tanto en denunciar la ocupación, teniendo en cuenta que fueron siete horas y media desde que entraron en el recinto.
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