El alcalde de Marinaleda (Sevilla) y diputado autonómico de IULV-CA y Juan Manuel Sánchez Gordillo ha acusado este jueves al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de presionar al propietario del Palacio de Moratalla, en Hornachuelos (Córdoba), para que denunciara la ocupación que el martes protagonizó Gordillo junto a los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).
"Nos enteramos ayer por la tarde, por una información muy directa, que fue el ministro del Interior el que instó a la propiedad para que denunciara, con la amenaza o la presión de que si no denunciaba retiraría a la Guardia Civil", ha asegurado Gordillo en declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press.
Según el diputado autonómico de IU, el hecho de que los propietarios del Palacio decidieran presentar la denunciar "a ultima hora de la tarde-noche" demuestra que recibieron algún tipo de presión. Además, ha argumentado que cuando llegaron al lugar, los guardias de seguridad que vigilaban la finca les habían asegurado que "habían llamado a los propietarios" y que les habían dicho "que no iban a poner denuncia".
"El señor ministro no debe ser el que inste a la propiedad, debe ser
el propietario si se siente ofendido o se siente de alguna manera menospreciado en su propiedad (el que decida denunciar), no el señor ministro", ha denunciado.
Asimismo, ha negado que desde el SAT hubieran llegado a algún tipo de acuerdo con los propietarios para ocupar la finca. "No, llegamos allí en pleno despiste de la Guardia Civil y entramos", ha defendido.
INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
Precisamente, la Guardia Civil ha abierto una investigación para conocer las razones por las cuales el dueño de la finca cordobesa ocupada tardó tanto en denunciar el asalto y, pese a la tardanza, por qué la jueza al tener conocimiento de estos hechos no actuó para evitar la ocupación, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.
Estas mismas fuentes explicaron que estos dos factores impidieron a la Guardia Civil desalojar el Palacio después de que los miembros del SAT, encabezados por el alcalde de Marinaleda, se personaron en la finca en torno a las 12.30, finca que no abandonaron hasta última hora del martes, cuando el dueño del lugar decidió finalmente denunciar los hechos.
Además, cuando el propietario acudió al juzgado y presentó la denuncia, la jueza no instó a la Guardia Civil a que acudiese a la zona para llevar a cabo el desalojo. Las mismas fuentes consultadas recuerdan que la Guardia Civil no puede desalojar en una propiedad privada si no es con un auto judicial que se lo permita.
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