La vicesecretaria de Organización del PP andaluz, Ana María Corredera, se ha mostrado este viernes esperanzada en que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández "reflexione", muestre que "respeta las instituciones" y rectifique su decisión de no acudir a declarar a la comisión parlamentaria de investigación de la supuesta trama de expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares financiados con fondos autonómicos, ya que, a su juicio, su testimonio se antoja "fundamental" para "llegar a una conclusión sobre lo ocurrido", hasta el punto de que si éste no se produce, la comisión "quedará en punto muerto".
Además, en una rueda de prensa celebrada en Sevilla, Corredera ha recordado que las comparecencias de los citados a declarar en la comisión parlamentaria son "obligatorias", según lo establecido en el reglamento de la misma, de modo que espera que "al menos eso se produzca".
No obstante, la vicesecretaria de Organización de los 'populares' andaluces ha insistido en reclamar que Fernández no se limite a comparecer, sino que también declare, algo a lo que debería también contribuir, en su opinión, el PSOE-A, una formación que, en tanto era aquella en la que "hasta hace poco ha militado el exconsejero", debería "hacerlo reflexionar" para que asista a la comisión, una vez que ya se ha obtenido la autorización judicial necesaria para que pueda salir de prisión con ese fin.
"Si en la comisión no comparecen personas implicadas que, al haber tenido responsabilidades básicas, pueden explicar de verdad y explícitamente los procedimientos que se seguían para conceder estas ayudas, la comisión estará en punto muerto y se demostrará que todo ha sido un paripé", ha lamentado Corredera tras conocer la intención de Fernández de negarse a declarar.
Para evitar que eso suceda, la dirigente del PP-A también ha instado al presidente de la comisión de investigación, Ignacio García (IULV-CA), a que "agote todas las vías" y "garantice la comparecencia de todos los citados".
Al hilo de ello, la representante de los 'populares' andaluces ha defendido la actuación de su partido en esta comisión, ya que, a su juicio, es "el único que está trabajando para que se conozca la verdad y se investigue lo sucedido", si bien ha matizado que podrían "trabajar más y mejor para que se esclareciera la verdad si les dejaran".
En ese sentido, ha aclarado que al PP-A "le gustaría que la comisión se reuniera", así como "recibir información directa de su presidente y los informes que piden, y que comparecieran las personas que han pedido", algo que no sucederá, puesto que, según ha recordado, en la comisión "no comparecerán los técnicos que podrían informar de lo que estaba ocurriendo porque el bipartito y el presidente de la comisión así lo han decidido".
AUSENCIA DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE LAS AYUDAS
Por otro lado, Corredera también ha mostrado este viernes un documento remitido por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en respuesta a distintas peticiones de información solicitadas por el PP-A en el marco de la comisión de investigación en los que el Gobierno autonómico reconoce que "no tiene constancia" de "informes preceptivos del Gabinete Jurídico ni de la Secretaría General Técnica" para la tramitación de las ayudas supuestamente irregulares.
En concreto, la dirigente 'popular' ha señalado que lo que reconoce la Consejería es que "no hay constancia de la existencia de los informes preceptivos del Gabinete Jurídico para la firma de los convenios circunscritos a los programas 22E y 31L durante el periodo 2001-2010", ni tampoco del "informe del Secretario General Técnico sobre el procedimiento seguido para el registro y aplicación de los fondos percibidos por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) --ahora la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)-- mediante transferencia de financiación para empresas en crisis y ayudas sociolaborales de las aplicaciones presupuestarias de los dos programas antes mencionados durante los periodos 2001-2010".
Además, la dirigente 'popular' ha señalado que "no hay documentación sobre la tramitación del expediente administrativo del convenio marco de 17 de julio de 2001", que es "el que da amparo a la tramitación de los convenios específicos para la concesión de las ayudas", lo que le ha llevado a preguntarse si eso "significa que no había convenio marco, que no se tramitó o que se está ocultando información". "El cúmulo de irregularidades clama al cielo, y alguien tendrá que asumir responsabilidades políticas por todo ello", ha apostillado.
Todo esto demuestra, según la vicesecretaria de Organización del PP-A, que "los procedimientos se hacían a espaldas de los funcionarios y sin la supervisión del Gabinete Jurídico, que era preceptivo, y de la Secretaría General Técnica", es decir, de quienes "tienen que supervisar y garantizar que se cumpla la norma", ha concluido Corredera.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
