La Consejería de Economía, Innovación y Empleo asegura en un documento presentado a la comisión de investigación de los ERE irregulares que "no consta" en los archivos de Empleo documentación del expediente administrativo que dio amparo a la tramitación de convenios para la concesión de ayudas.
La respuesta de la Junta viene recogida en la documentación que ha recibido el PP-A dentro de las muchas solicitudes de información que ha reclamado este partido para preparar los interrogatorios de la comisión de investigación del Parlamento, que comenzarán el 21 de agosto.
En uno de ellos, los populares piden el expediente administrativo completo del Convenio Marco de 17 de julio de 2001 que dio amparo a la tramitación de los convenios específicos para la concesión de ayudas.
En su respuesta la Junta asegura: "No es posible atender esta petición pues, consultados los archivos existentes en el área de empleo no consta en los mismos documentación relativa a la tramitación de dicho expediente administrativo".
En el mismo documento, el PP demanda los informes preceptivos del gabinete jurídico de la Junta para la firma de los convenios circunscritos a los programas 22-E y 31-L durante el periodo 2001-2010.
La administración autonómica afirma que "no es posible esta petición pues, consultada la documentación obrante en los archivos del área de empleo no hay constancia en los mismos de los citados informes".
Ambos extremos ha sido detallados en rueda de prensa por la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, quien ha opinado que la contestación de la Junta "certifica que todo se hacía al margen de la norma, sin procedimiento alguno, sin los informes pertinentes".
Corredera ha constatado que "no hay informes de ningún funcionario", es decir que "toda" la tramitación de las ayudas se hacía "de espaldas" a los funcionarios, a lo que ha subrayado que el Gobierno andaluz "ha mentido descaradamente" cuando ha reiterado que "no había irregularidades".
El PP solicita también por escrito el informe del secretario general técnico sobre el procedimiento seguido para el registro y la aplicación de los fondos percibidos por IFA/IDEA mediante transferencias de financiación para empresas en crisis y ayudas sociolaborales de los programas 22-E y 31-L.
"No es posible -contesta la Junta- atender esta petición, pues consultada la documentación obrante en los archivos del área de empleo, no consta en los mismos la existencia del mencionado informe".
Después de recordar que las ayudas de los ERE "no se publicaron" en Boletín Oficial de la Junta, la dirigente popular no ha dudado en señalar que "o se oculta información o hay un cúmulo de irregularidades que claman al cielo y que alguien tendrá que asumir la responsabilidad política".
Ante esta situación, el PP cree "muy importante" que el presidente de la comisión de investigación, Ignacio García (IU), actúe y garantice la comparecencia de todos los citados, entre ellos y de manera especial -ha indicado Corredera- el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que se ha negado a comparecer mientras se encuentre en prisión.
Por ello, ha exigido a Fernández que cumpla con el Parlamento y "deje de chantajear" y de vincular su declaración a la salida de la cárcel.
"Tiene que explicar cómo se hacían estos procedimientos. Si no comparecen él y otros implicados la comisión estará en punto muerto y se demostrará todo ha sido un paripé del PSOE e IU", ha advertido.
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