La patronal de hostelería de la provincia de Cádiz, Horeca, ha expresado este viernes su "condena más absoluta" a la actitud que están teniendo la empresa FCC y sus trabajadores en relación a la huelga de limpieza viaria y recogida de basura que se prolonga desde hace cinco días en la localidad gaditana de Rota. Acusa a ambas partes de "chantajear" a la ciudadanía y exige al Gobierno que designe un árbitro que "dictamine, resuelva el conflicto y se comience a recoger la basura inmediatamente", ya que las altas temperaturas hacen temer un problema para la salud pública de manera "inminente".
El presidente de Horeca, Antonio de María, ha subrayado la necesidad de pedir "con urgencia" una Ley de huelga, lo que se demuestra con el hecho de que "en momentos de crisis como la actual y de desmantelamiento de puestos de trabajo haya colectivos que aprovechen el momento álgido del turismo, que es lo que mejor funciona, para atacarlo".
De María argumenta que "se han hecho leyes de todos los colores y algunas han tenido hasta tres modificaciones, pero no existe una Ley de huelga, sino un decreto, creo que incluso de antes de la democracia que nadie se atreve a tocar". Sin embargo, se está produciendo "constantemente un chantaje a la población", lo que "obliga a regular las huelgas con una ley", sobre todo el lo que respecta a los servicios públicos.
Asegura que están "buscando el daño mayor que pueden hacer, y esa no es la filosofía de una huelga". En el caso de Rota expresa su "condena absoluta" a ambas partes, a las que llama a la responsabilidad por considera que están "utilizando la situación en beneficio propio y manipulando a la sociedad". Afirma que la empresa está "intentando que la presión de la población achante a los obreros" y viceversa.
Cree que el Gobierno debería designar "ya" un árbitro que soluciones el conflicto, ya que "el problema no es ya de imagen o económico de cara al turismo, sino que es sanitario", calificando de "locura" que se prolongue la situación en un contexto en el que se prevé que se superen los 40 grados de temperatura.
"Somos cautivos de la empresa y de los trabajadores y creo que los intereses generales deberían estar por encima de los particulares", sentencia De María, que agrega que el Gobierno no puede "eludir" su responsabilidad para poner freno a la situación.
