Unos 5.000 trabajadores andaluces afectados por ERE subvencionados por la Junta de Andalucía han reclamado hoy a la Junta que desbloquee el pago a las aseguradoras para que puedan cobrar sus nóminas.
El secretario de la federación andaluza agroalimentaria de CCOO, Antonio Perianes, ha informado, en declaraciones a Efe, de que los afectados se han concentrado en cinco provincias y también se han encerrado en las delegaciones provinciales de Economía en Sevilla y en Cádiz.
En la capital hispalense, un grupo de afectados se ha encerrado en la delegación provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para exigir que les reciba la delegada provincial, Aurora Cosano, y han advertido de que no irán hasta que se celebre el encuentro.
Ante la delegación de Sevilla se han concentrados varios cientos de trabajadores afectados por los ERE de empresas como Altadis, Calderinox, Hytasa, Pickman y MP Componentes Mecánicos, que en su día cerraron acuerdos para expedientes de regulación de empleo con la mediación de la Junta y el compromiso de hacer aportaciones económicas para mejorar las prestaciones de los afectados.
En la provincia de Cádiz los extrabajadores de Delphi y de Bodegas González-Byass y Garvey del grupo Puleva, entre otros, también han realizado protestas y un grupo se ha encerrado en la delegación provincial reclamando una reunión con algún alto cargo de la Consejería de Economía, ha explicado Jesús Serrano, secretario general de la Federación provincial de Industria de CCOO-A.
Igualmente, han llevado a cabo movilizaciones los afectados de la cuenca pirítica de Huelva, y los extrabajadores prejubilados de Santana Motor y de Azucareras Reunidas de Jaén.
Perianes ha explicado que quieren que la Junta les aclare la situación y la forma de solucionar el problema, ya que a todos los prejubilados de los ERE se les debe la paga de julio y las aseguradoras de las pólizas han advertido de no pagarán más nóminas hasta que la Junta no les pague lo que le adeuda.
La aseguradora Generali es la que cubre las pólizas de aproximadamente el 70 % de los trabajadores afectados por los impagos de la Junta, si bien se desconoce la cifra de lo que adeuda la administración autonómica
