El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha presentado una serie de medidas como respuesta a las necesidades de vivienda con motivo de la crisis para intentar bajar el número de desahucios en Andalucía, entre las que se contempla su petición a la Consejería de Fomento y Vivienda de que las entidades bancarias hagan un inventario de sus viviendas de protección oficial, y "se comprometan a ofertarlas en venta o alquiler". Y Si este inventario no se hace en unos plazos adecuados, que la Administración proceda a la expropiación de las mismas, porque las VPO "no pueden ser propiedad de los bancos, puesto que en dichas viviendas hay dinero que ha puesto la sociedad española".
Así, en rueda de prensa en la sede de la Defensoría, en la que ha lamentado que esta misma mañana se haya realizado un desahucio en el municipio malagueño de Cártama, donde se está dando una intervención "bastante brutal" de la Guardia Civil, un fenómeno al que "lamentablemente nos estamos acostumbrando", ha anunciado que se ha solicitado a Fomento y Vivienda que con todas las entidades bancarias de Andalucía se promueva la opción del Real Decreto 6/2012 del 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en cuyo artículo 3 "se le pide a los bancos ofertas de viviendas de protección oficial (VPO) como alquileres sociales a personas en el umbral de exclusión", aunque, matiz, "también pedimos que se aplique a aquellos que se encuentran en una situación de precariedad económica".
Chamizo ha recordado que en el caso de las VPO "la legislación ordena que las personas tienen que residir en ellas", y si el titular no es una persona física, sino otro tipo de persona jurídica, "están obligados a destinarlas al alquiler", porque "no pueden estar vacías y cerradas". Por tanto, la Defensoría solicita que "en una plazo vinculante y concreto, los bancos realicen un inventario completo de todas sus viviendas de protección oficial, y se comprometan a ofertarlas en venta o alquiler a través de las webs de las entidades, o incluso mediante las webs de la comunidades autónomas o los ayuntamientos".
En dicha información, continúa, "pedimos también que se hable de dónde están, en qué condiciones, o de los precios de las mismas". Además, aclara que las personas que quieran adquirirlas "deberán cumplir unos requisitos concretos", y también "pedimos que cuando esas persona puedan hacer frente a esas viviendas, se les facilite el préstamo", pero, matiza, los bancos "tienen la obligación de poner precios adecuados".
"En el caso de que los bancos no cumplan, previa aprobación de la normativa del artículo 33 de la Constitución, vemos posibilidad a la expropiación, por incumplimiento de la acción social de la propiedad", continúa el Defensor, toda que apunta que "entendemos que se trata de un camino irreversible, y que por ello la Administración tiene que contemplar la expropiación, porque las VPO no pueden ser propiedad de los bancos, puesto que en dichas viviendas hay dinero que ha puesto la sociedad española".
"No tememos que en Andalucía hay miles de viviendas de protección oficial cerradas, por eso pedimos un inventario rápido a los bancos, y si no se hace, la Administración puede expropiar, porque la vivienda tiene que cumplir su función social". "No se puede dejar este asunto a la buena voluntad sino que haya que legislar con más potencia, por eso hay que ir a la expropiación si no se cumplen los plazos", insiste Chamizo.
Asimismo, Chamizo ha informado de que se ha remitido una queja de oficio e información a la Federación Andaluz de Municipios y Provincia para "que en pueblos y capitales de provincia de más de 50.000 habitantes se dé una intermediario para facilitar el entendimiento con los bancos por viviendas que puedan entrar en desahucio", una medida, afirma, que "se puede realizar sin grandes costos".
Igualmente, ha informado de que a diario llegan al Defensor entre dos y cuatro quejas por este motivo, "pero éstas se ponen cuando llega el desahucio judicial, y ya no podemos intervenir". "Por ello, pedimos a la gente que en cuanto tenga la primera notificación, lo diga, para lo cual, a través de una queja, hemos pedido a los Colegios de Abogados la organización de un servicio de asistencia legal que atienda los asuntos que les deriven recursos sociales que conocen estos casos.
