Letrados de acusados de blanquear dinero del presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, han defendido este martes ante el Tribunal la legalidad de los negocios que realizaron o en los que participaron con éste y, en cualquier caso, han añadido que no se ha demostrado por parte de las acusaciones la supuesta procedencia ilícita del dinero utilizado ni que sus clientes conocieran el origen presuntamente delictivo de esos fondos.
Las defensas de los procesados Alberto Pedronzo, marchante de arte; de los hermanos ganaderos Ignacio y Manuel Sánchez-Dalp, de Jesús Bravo y Oswaldo Godfrid, acusados por participar en una operación urbanística; de Santiago Tato y de Jaime Hachuel, considerado por las acusaciones encargado de seguridad de Roca; han pedido la absolución de sus clientes, insistiendo en una acusación "débil", "inconcreta" y con "falta de sustento".
Todos han coincidido en que no se han practicado pruebas para determinar el blanqueo ni sobre que supieran un supuesto origen ilícito de los fondos. En este sentido, la defensa de Pedronzo, que medió en la venta de cuadros a Roca, ha dicho que la presunción de que tenía que conocer ese origen "es contra reo y prohibida por nuestro derecho", apuntando que la actividad de su cliente "ha sido transparente, decente, honrada y sujeta a todas las normativas".
Esta letrada ha apuntado que "parece que el señor Roca fuese un apestado que cualquiera que ha pasado a su lado se ha contagiado" y ha precisado que éste fue "un buen cliente", pero no el único ni el fundamental de Pedronzo. Ha añadido que su cliente no residía en Marbella ni pertenecía al círculo de Roca y cuando lo conoció estaba "asentado, era un hombre pudiente, un promotor con un gran patrimonio y sabía de arte".
En el caso de los hermanos Sánchez-Dalp, su letrado ha apuntado que en algunos negocios investigados relacionados con la reses de lidia el origen del dinero "está acreditado, se ha detallado y es totalmente lícito", por lo que esas operaciones no pueden ser calificadas de blanqueo de capitales. Ha defendido la participación de ambos en la administración societaria y su actuación "con conocimiento de la licitud" de lo realizado.
Sobre Hachuel, su defensa ha indicado que es trabajador del grupo de empresas de Roca y ha recalcado que se ha demostrado en el juicio que existía una amenaza real contra éste, recordando que hubo un atraco en la sede de Maras Asesores, por lo que "eran necesarios los servicios de seguridad". Además, ha destacado que acompañaba al hijo del principal acusado al colegio y no realizaba labores de protección de Roca ni de contravigilancia.
También, este letrado ha negado la existencia de una organización criminal, haciendo referencia a la tortilla desestructurada del cocinero Ferrán Adrià, "que muy poca gente conoce lo que es y los que la han probado dicen que no es una tortilla". "Pues esta es la sensación que tiene este letrado sobre lo de la organización, queda muy bien pero cuando se ven los ingredientes, no es una organización", ha apostillado.
También ha expuesto el abogado del exjefe de la Policía Local Rafael Del Pozo, quien ha combatido la idea de las acusaciones de que los acusados no podían ignorar lo que ocurría en Marbella, asegurando que hay que situarse en esos momentos. Así, se ha preguntado si su cliente tenía que plantearse "que lo que se construía en Marbella era similar" a otros municipios, que el Gobierno "no puso reparos a cobrar el IVA" o que la Junta "no puso reparos en cobrar" impuestos.
Ha dicho que su cliente, acusado, entre otros delitos, por supuestamente haber cobrado por no paralizar obras, cumplió con sus obligaciones en cuanto a los precintos y que en Marbella "como ocurre en el 99 por ciento de los ayuntamientos de este país el departamento de disciplina urbanística no funcionaba". Ha precisado que no se ha determinado qué obras no paralizó "porque no se han encontrado" y que se le acusa de no perseguir delitos "que no se han concretado".
Las defensas se han referido a las consecuencias que esta causa ha tenido para sus defendidos, señalando el abogado de los Sánchez-Dalp que éstos están "como un toro que no tiene ni pitones, pero antes les han metido en corrales y les han dado tal cantidad de cornadas que no van a salir de ésta del todo". Por su parte, la defensa de Del Pozo ha deseado que termine "de una vez el calvario que hace años está soportando mi patrocinado" con una sentencia absolutoria.
VENTA DE CUADROS
Por otro lado, el Tribunal ha autorizado que 364 obras de arte intervenidas en esta causa y supuestamente vinculadas a Roca, las cuales estaban custodiadas hasta ahora por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en el Palacio Episcopal, sean trasladadas a una sala de subastas de Madrid y ha acordado que 167 de piezas "sean destinadas a la venta".
A través de dos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, la Sala encargada del enjuiciamiento del caso, que está en su recta final, explica que la Consejería de Cultura había solicitado que se trasladaran las obras y se retirara el deber de depósito, al indicar que no disponía de las instalaciones adecuadas para su almacenamiento.
Para argumentar esto, la administración andaluza había aportado una comunicación de la Diócesis de Málaga advirtiendo de su voluntad de no renovar el convenio de cesión del Palacio Episcopal, donde estaban depositadas dichas obras de arte tras ser intervenidas en el marco de la operación 'Malaya' y de las que se hace depositaria legal a la empresa Vanda Agropecuaria, vinculada a Roca.
Entonces, en primer lugar, la Sala autoriza la retirada y posterior traslado de las piezas y se levantan los deberes de custodia de las mismas. Posteriormente, hace recaer esos deberes en la sala de subastas Ansorena, que recibirá una comisión de venta y que tendrá que tenerlas, tanto las custodiadas como las otras, aseguradas según los valores establecidos.
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