El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, imputado dentro de la causa por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya, está protagonizando una "tensa" comparecencia en la que ha llegado ha reconocer que "puede tener responsabilidad política, pero no penal".
Varios abogados presentes en la declaración han coincidido en tachar de "chulesca" y "provocadora" la actitud del imputado, que ha centrado su declaración en defender que "nadie" le advirtió de la ilegalidad del sistema de concesión de las ayudas investigadas ni tampoco de que las ayudas tuvieran que tener una fiscalización previa, una permanente y un control posterior.
De este modo, el imputado ha asegurado que "no sabía" que el procedimiento que regulaba la concesión de ayudas pudiera ser ilegal, ya que "nadie" le advirtió de ello, citando en este punto a la Secretaría General Técnica, al gabinete jurídico de la Consejería de Empleo y de la Junta, al servicio de legislación o a IDEA. En este punto, ha afirmado que el informe de Garrigues que alertaba de que las ayudas no tenían fiscalización previa ni control posterior "no deja de ser una opinión jurídica".
Rivera, que ha dicho que fue en noviembre de 2010 cuando se dio cuenta de la existencia de irregularidades tras detectar la presencia de 'intrusos' en algunos expedientes, ha señalado que, cuando se hizo cargo en 2010 de la Dirección General de Trabajo, recibió una serie de "directrices" por parte del entonces consejero, Manuel Recio, quien le dijo que "no se podían otorgar más ayudas que las que ordenase" el viceconsejero del ramo en aquella época, Justo Mañas.
Otras fuentes consultadas han señalado que el imputado ha asegurado que se limitaba "a firmar" los documentos que le trasladaba la entonces asesora María José Rofa, "que estaba suficientemente cualificada" para desarrollar esta labor.
LA JUEZ ALAYA: "EL INTERROGATORIO LO DIRIJO YO"
Durante la "tensa" comparecencia del imputado, que es licenciado en Derecho, éste le ha llegado a espetar a la magistrada frases como "usted no me permite que conteste lo que a mi derecho convenga" o "usted es la dueña de sus preguntas y yo de mis respuestas".
Todo ello ha motivado que la magistrada, que tiene previsto hacerle más de 90 preguntas, le diga: "el interrogatorio lo dirijo yo", conminándole a acogerse a su derecho a no declarar en el caso de que no quiera contestar a determinadas preguntas.
Durante la comparecencia, el imputado ha anunciado que recurrirá la inadmisión del escrito donde recusa a la magistrada, que está firmado por el mismo encausado.
