La defensa del principal acusado en el caso 'Malaya' y presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha pedido una sentencia absolutoria y ha asegurado que esta causa "carece de cimientos" y es "una investigación policial que ha llegado a plenario sin filtro judicial". Ha defendido que su cliente se dedicó a "comprar, vender y ganar dinero" con la inversión inmobiliaria, lo que puede ser "amoral", pero "absolutamente legal".
En su informe final, la letrada Rocío Amigo ha hecho un recorrido por la investigación, aludiendo a vigilancias sobre su cliente "día antes de la incoación", a intervenciones telefónicas y prórrogas de las mismas "sin mandamiento judicial" y a registros de propiedades de Roca en las que se decidió que éste no estuviera presente "sin motivación alguna". "Esto es lo que entendemos que no puede volver a producirse", ha apuntado en referencia a las palabras del fiscal en su informe.
Por todo esto, ha considerado que "los defectos de instrucción de Malaya es un mal endémico" y consecuencia de "una personalísima instrucción" y ha insistido en que el caso se sustenta "únicamente en el sofisma de un juez instructor --Miguel Ángel Torres--", el cual "estaba convencido de que mi cliente había llegado a Marbella arruinado y no necesitó que se lo acreditaran", lo que ha considerado una "falacia".
"Y estaba convencido --ha continuado aludiendo al instructor-- de que todos los negocios de mi cliente en los últimos 20 años eran ilícitos y por eso no ordenó que se investigara el origen de los fondos, y estaba convencido de que cobraba a empresarios por obtener resoluciones administrativas y por eso ni siquiera necesitó examinar los expedientes, y de que pagaba a los concejales para que dictaran resoluciones urbanísticas favorables y no reparó que algunos no estaban en la comisión de gobierno".
La abogada ha hecho un repaso de la actividad empresarial de Roca, destacando su éxito y que antes de cumplir los 30 años acometió su primera inversión inmobiliaria. "Compraba y vendía, compraba y vendía, y a veces obtenía un beneficio indecente, pero siempre legal", ha incidido, afirmando que las premisas de las que parte el fiscal Anticorrupción son "incorrectas" en cuanto a la situación económica de su cliente en 1996.
"El señor Roca en 1996 tenía su buen sueldo y 20 empresas en pleno funcionamiento que generaban beneficios millonarios, esa es la premisa de la que tenemos que partir, no podemos eliminar la realidad, está ahí, es tozuda", ha dicho la letrada, quien, además, ha señalado que el principal acusado "no tiene testaferros", sino que tenía dos fiduciarios, y "no hay organización criminal" entre los acusados.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
