Arropada por colectivos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) o Ecologistas en Acción, la asamblea popular 'Valcárcel Recuperado' ha asegurado ser víctima de una "represión judicial", al haber imputado el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz a una cuarta persona en relación a la ocupación del edificio Valcárcel el año pasado y, además, haber solicitado que se investiguen sus comunicaciones.
En rueda de prensa, un portavoz de este "movimiento ciudadano" de la capital gaditana ha explicado que el titular de dicho juzgado ha solicitado un mandamiento judicial para que Facebook, Yahoo y Google "faciliten todos los datos de las cuentas relacionadas con el movimiento 'Valcárcel Recuperado'".
En su opinión, el juzgado está "permitiéndose violentar uno de los derechos más fundamentales de cualquier sistema democrático como es el secreto de las comunicaciones", lo cual "sólo está justificado en caso de delito grave que conlleve duras penas en el código penal", como bien pudiera ser el de terrorismo, según apostillan.
Así, las "miles de personas" que durante siete meses "dieron vida a un edificio público abandonado" están siendo tratadas "como a peligrosos delincuentes a los que se puede investigar hasta las comunicaciones internas".
En su opinión, esto "choca" con que no ocurra nada a "los especuladores, responsables abandono del edificio, quienes dilapidan y mal utilizan los bienes públicos, incluso declarados Bien de Interés Cultural (BIC)", han dicho en alusión directa a la Diputación gaditana y a la empresa Zaragoza Urbana, entonces propietaria del edificio.
Critican que ya han pasado seis meses del desalojo y Valcárcel "permanece cerrado y sin ningún proyecto serio para darle uso", advirtiendo que no van a renunciar y seguirán "luchando para recuperar Valcárcel para el pueblo de Cádiz".
Asimismo, consideran que esta "represión judicial" contra 'Valcárcel Recuperado' "expresa el miedo del poder a que una experiencia de auto gestión como ésta se extienda" en unos momentos como actuales.
El portavoz ha hecho un llamamiento a "todos los colectivos sociales" para que se solidaricen con ellos y "denuncien esta injustificable actuación judicial". Según ha comentado, ya cuentan con numerosos apoyos, entre los que ha citado a Ecologistas en Acción, APDH-A, IU, así como asociaciones ciudadanas y diferentes secciones sindicales.
Por parte de APDH-A ha tomado la palabra Rafael Lara, quien ha tildado de "inadmisible" la "persecución" que considera que se está ejerciendo sobre las personas que el año pasado ocuparon este edificio. Desde la asociación creen "injusta" y "desproporcionada" la actuación judicial que "roza la inconstitucionalidad", en tanto que el auto referido "puede constituir una violación del artículo 18.3 de la Constitución, que garantiza el secreto de las comunicaciones".
