María José Rofa, exasesora de la dirección general de Trabajo de la Junta de Andalucía, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar sobre los ERE irregulares y el fiscal ha pedido para ella una fianza civil de 205 millones de euros.
La comparecencia de Rofa ante la juez que instruye el caso Mercedes Alaya ha durado apenas media hora, tiempo para ser informada de los tres delitos que le imputan: prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delitos.
La exasesora ha hecho una breve intervención para ratificarse en su declaración ante la Guardia Civil, afirmar que no era funcionaria sino que tenía un contrato de obra por servicios y que no tenía capacidad de decisión.
Además se ha reservado su derecho a hacer alegaciones por escrito más adelante, a la vista de lo que declaren otros imputados, han informado abogados personados en la causa.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para ella una fianza de responsabilidad civil de 205 millones de euros; el letrado de la Junta, de 3,5 millones, y la acusación particular del PP lo ha dejado a criterio de la juez.
El abogado Juan Carlos Alférez, defensor de un perceptor de ayudas en la Sierra Norte de Sevilla, ha pedido a Alaya que deje de imponer fianzas a quienes "recibían órdenes para ejecutar un sistema implantado desde las más altas esferas de la Junta".
La comparecencia de Rofa ante la juez se produce después de que el miércoles quedara libre, aunque imputado de cuatro delitos continuados, el exdirector general de Trabajo de la Junta Juan Márquez, al término de dos días de declaración ante la juez Mercedes Alaya.
Con ello, Alaya rompió la línea mantenida hasta ahora de encarcelar a los altos cargos imputados, situación en la que se encuentran el exconsejero Antonio Fernández y el exdirector general Francisco Javier Guerrero.
Ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil María José Rofa compareció durante 12 horas y reveló aspectos de las ayudas investigadas.
Según la UCO, de la declaración de Rofa se deduce que Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla, fue incluido en el ERE de Calderinox, pese a no haber trabajado en la empresa, cuando Márquez recibió "presiones" del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y del exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, ambos imputados en la causa.
María José Rofa declaró a la UCO que un tercer beneficiario del ERE de Calderinox, Ángel Flores Clavería, fue añadido después de que Enrique Manuel Jiménez, responsable de Acción Sindical en la Federación de Industria de CCOO-A ya imputado, llamase al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera "diciéndole que habían dejado fuera del expediente de prejubilaciones a uno de los suyos".
Rofa se encuentra entre las 60 personas que hasta ahora han sido imputadas en la causa, entre altos cargos de la Junta, abogados de las empresas mediadoras e intrusos en los ERE investigados.
