El Juzgado de lo Penal 1 de Motril (Granada) ha condenado a 18 meses de prisión al exsecretario provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Emilio Rodríguez por quedarse con más de 100.906 euros de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a la organización agraria y destinarlos a sus gastos personales, tales como el pago de las reparaciones de su vehículo, multas de tráfico, o el aparato de aire acondicionado de su vivienda.

   Se le atribuye un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito de apropiación indebida, aunque con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por la demora en la celebración del juicio, que se fijó en un principio para el mes de marzo del año de 2010, pero que se tuvo que suspender y declarar nulas las actuaciones al pedir su personación en el caso la Abogacía del Estado.

   Rodríguez, que desempeñó el cargo de secretario provincial de COAG desde 1994 y hasta 2008 --en que dimitió "por motivos personales"--, también tendrá que hacer frente al pago de una multa de 900 euros y a la devolución de la cantidad íntegra de la que se apropió, según consta en el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press.

   Además del exresponsable de COAG también ha sido condenado el empresario A.M.G.N. por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, con la misma atenuante, a 12 meses de prisión y multa de 900 euros, por "inventarse facturas" de adquisiciones no producidas de material didáctico para la aparente realización de cursos formativos. La que fuera secretaria de Rodríguez, inicialmente imputada, ha sido por su parte absuelta.

   En la sentencia, alcanzada por conformidad entre las partes personadas y avanzada este viernes por el diario 'Ideal de Granada, el magistrado Sergio Romero declara probado que COAG-Andalucía obtuvo desde 2002 a 2005 del Fondo Andaluz de Garantía Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía cerca de 800.000 euros, de los que una parte fueron destinados a la organización en Granada para la realización de cursos de formación, proyectos o programas.

   Sin embargo, el entonces secretario provincial de COAG, "guiado por el ánimo de enriquecimiento ilícito", destinó parte de esas cantidades para el abono de sus gastos particulares, tales como el seguro y reparaciones de su vehículo, multas de tráfico, pagos de sus seguros de vida y salud, su seguro agrícola y el de su esposa, su aparato de aire acondicionado o para incrementar su sueldo, con 14 pagas de 2.225 euros cada una.

"MENDAZMENTE"

   Así, durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005 Rodríguez, de 63 años, procedió a la presentación de documentos diversos, como nóminas de trabajadores, profesores, dietas, o facturas ante las administraciones públicas encargadas de controlar las cantidades entregadas, en muchas de las cuales simuló "mendazmente" lo efectivamente abonado haciendo cuadrar las cifras de inversión con los montantes recibidos.

   En concreto, los sueldos de los profesores contratados para impartir los cursos de formación estaban subvencionados con 60 euros por hora lectiva, pero, sin embargo, el acusado abonaba únicamente 18 euros por hora, quedándose con la diferencia.

   Para ello, Rodríguez utilizaba dos cheques correlativos en numeración, con igual importe y fecha. Uno de éstos era un cheque al portador que se presentaba al cobro en el banco sin firmar por quien lo cobraba, y otro uno nominativo para la persona o empresa correspondiente. Este último era el que se remitía a COAG-Andalucía para ser aportado en la documentación utilizada para la justificación de gastos, si bien este cheque no se cobraba.

   Mediante este procedimiento se produjo el cobro de al menos 250.730 euros para cursos de formación de los que únicamente se abonó a los profesores 150.123 euros, mientras que el exsecretario de la organización agraria incorporó a su patrimonio un total de 100.906 euros.

   En otras ocasiones simulaba la realización de cursos que no se habían impartido, y justificaba la realización de los mismos ante las administraciones públicas mediante un listado de "asistentes ficticios y facturas igualmente simuladas", se señala en la sentencia.

   Otro de los procedimientos utilizados consistía en ocultar directamente la realidad con la "connivencia" del también condenado A.M.G.N., que a través de su empresa "se inventaba facturas por adquisiciones no producidas de material didáctico para la realización de los cursos".

    La sentencia, al haberse dictado por acuerdo de todas las partes, es firme y no cabe interposición de recurso contra ella.