El pleno del Parlamento Europeo tumbará con toda probabilidad este miércoles el acuerdo contra la falsificación y la piratería (ACTA), después de que todos los grupos a excepción del Partido Popular Europeo (PPE) se hayan pronunciado en contra del pacto internacional durante un debate en Estrasburgo (Francia). Bruselas y los 'populares' piden aplazar el voto hasta que el Tribunal de la UE aclare si es compatible con las leyes europeas.
El voto se produce después de que hasta cuatro comisiones europarlamentarias hayan recomendado rechazar el acuerdo y de que la Comisión Europea haya recurrido al Tribunal de Justicia de la UE (TUE) en busca de su aval, frente a la presión social por las críticas de usuarios de Internet y las 2,5 millones de firmas que llevaron una queja ante el Parlamento Europeo.
"Creemos que hubiera sido mejor que el Parlamento hubiese esperado a escuchar al TUE antes de votar. Pero, como defensor de los Derechos Humanos, digo que no hay nada que temer, ACTA no atenta contra nuestras libertades", ha dicho el comisario de Comercio, Karel de Gucht, en un debate este martes en el que ha pedido el apoyo de los eurodiputados.
El comisario ha subrayado la que es la posición de Bruselas desde que se concluyeron las negociaciones del acuerdo internacional y que se basa en que "nada cambia a ojos de la ley" en Europa, porque "lo que es legal en la Unión Europea seguirá siéndolo tras la ratificación, y lo que es ilegal también seguirá siendo ilegal". También ha dicho que el Ejecutivo comunitario "seguirá esperando" el dictamen de los jueces para aclarar las dudas que preocupan a los ciudadanos.
Los 'populares' europeos también son partidarios de "esperar a tener todas las cartas sobre la mesa", con el dictamen del TUE incluido, y consideran ACTA una "buena base" para combatir la falsificación de bienes y la piratería a escala internacional, ha explicado el eurodiputado Christopher Fjellner.
Desde el mismo grupo, Daniel Caspary, ha asegurado que el PPE "únicamente" apoya ACTA porque cree que "no se ven alterados" los derechos de los ciudadanos y ha criticado lo que considera una "intolerable campaña de desinformación" en contra del acuerdo.
"ACTA debe desaparecer. ACTA es una agresión" a los derechos de los europeos, ha asegurado, por contra, la socialista Petra Kammerevert, quién ha alertado del riesgo de que con su puesta en marcha "los servidores puedan ser espías o censores".
"PRODUCE CONFUSIÓN"
La socialista española Josefa Andrés Barea ha intervenido para alertar de que ACTA "produce confusión" porque a su juicio no aclara la situación de la propiedad intelectual ni los derechos de los usuarios, al tiempo que ha reclamado a Bruselas "un nuevo marco legislativo" específico para el plano digital.
Los grupos de Los Verdes e Izquierda Unitaria, de los Liberales (ALDE) y de los Conservadores y Reformistas (ECR) tampoco ven con buenos ojos el acuerdo por distintas razones, y algunos de sus eurodiputados han alertado, por ejemplo, del riesgo de que ACTA tenga un impacto negativo en la red y permita "espiar" o "censurar".
Otros diputados, entre ellos los españoles Raül Romeva (ICV) y Ana Miranda (BNG), no han intervenido en el debate pero han expresado su oposición portando camisetas con lemas en contra de ACTA.
Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesita ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados Unidos, Australia, México, Marruecos y Japón. En el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y ratificarlo cada uno de los Estados miembros y la UE, por tratarse de un acuerdo que abarca competencias nacionales y comunitarias.
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