El PSOE no ve "mala noticia" que Márquez "pueda explicarse" ante la juez del caso ERE tras llevar dos años imputado

Publicado: 03/07/2012
El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, ha asegurado que es "oportuna" la declaración del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía el onubense Juan Márquez
El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, ha asegurado este martes que es "oportuna" la declaración del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía el onubense Juan Márquez, porque le consta que éste ha pedido declarar "cuanto antes" tras su imputación por los hechos, por lo que ha insistido en que "nunca es una mala noticia" declarar ante un juez porque se le da la oportunidad de explicarse.

   En rueda de prensa, Ferrera ha indicado que "lo normal es que cuando a alguien se le imputa, en el menor tiempo posible pueda prestar declaración", señalando además que "no es normal que una persona pueda llevar hasta dos años imputado de un presunto delito, apareciendo muchas veces en los medios como ya condenado, sin que se le dé la oportunidad de explicarse".

   Por ello, el PSOE ha celebrado que por fin la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, "lo haya llamado a declarar" para explicar "todo lo que tenga que explicar" y en este sentido, desde el PSOE espera que "la justicia se pronuncie" y tras ello, el PSOE onubense hará su propia valoración.

   "No nos vamos a quedar al margen", ha enfatizado Ferrera, quien ha recordado que la Junta de Andalucía "está personada precisamente en este caso para aclarar, para el que haya hecho algo malo que lo pague, por lo que creemos muy oportuno que se declare".

   Al inicio de su declaración, la juez Mercedes Alaya ha imputado cuatro delitos a Márquez, al que atribuye haber concedido hasta 154 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas siendo consciente de la ilegalidad del procedimiento. En concreto, la magistrada imputa al exalto cargo sendos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, malversación, prevaricación omisiva y activa, y falsedad en documento oficial.

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