El PP andaluz tiene previsto solicitar más comparecencias y documentación en la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Junta entre los años 2001 y 2010, con el fin de "conocer toda la verdad" sobre la actuación de "políticos de la Administración andaluza" en esta trama, toda vez que espera que IULV-CA, "abochornada, cambie su actitud y permita una comisión más abierta".

   Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en Sevilla el vicepresidente del PP-A, Ricardo Tarno, quien ha lamentado que la comisión haya nacido con "plomo en las alas" después de que se aprobase este lunes una primera ronda de 25 comparecencias, cuando su grupo parlamentario había pedido la de 102 personas y 33 representantes de empresas.

   De este modo, ha lamentado que "no se haya admitido la comparecencia de ningún directivo" del extinto Instituto Andaluz de Formación (IFA) o la Agencia IDEA, que eran "los organismos pagadores de esas ayudas sociolaborales", así como del "interventor delegado en la Consejería de Empleo" que era "clave en el control del gasto" de este departamento. En cambio, ha destacado que sí "se han acordado" del expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, que "nunca ha formado parte de la Administración andaluza".

   También ha criticado Tarno que no hayan sido admitidas en la comisión las actas de los Consejos de Gobierno y los 'consejillos' de la Junta de Andalucía, que el vicepresidente del PP-A considera "imprescindibles" para la investigación.

   De este modo, para el dirigente 'popular', este lunes en la Cámara andaluza se vivió "una evidente repetición del pacto de Gobierno dentro de la comisión" entre PSOE-A e IULV-CA, a quienes atribuye una "estrategia común y consensuada" para convertir la comisión en "un paripé", así como un reflejo del "esperpento en el que se está convirtiendo el Gobierno bipartito" en Andalucía.

IU "ABANDONA SUS IDEAS POR CUATRO SILLONES"

   En este sentido, ha criticado que IULV-CA haya "abandonado sus principios, ideales e ideas por cuatro o cinco sillones" y que sus miembros estén "dispuestos a renunciar a todo" y "tragar con lo que sea" por mantenerlos.

   Así, ha acusado a la federación de izquierdas de estar "engañándose a sí misma" y a sus asambleas, cuando "decían que querían buscar la verdad" sobre la "corrupción en Andalucía" y que, en su lugar, están "creando una cortina de humo para que la comisión no sirva para nada".

   "¿De verdad se quiere saber la verdad, o simplemente vamos a pasar un trámite necesario para justificar la presencia de IULV-CA en el Gobierno?", ha cuestionado Tarno, quien cree que el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, tiene al presidente andaluz, José Antonio Griñán, "cogido por la comisión".

   Del mismo modo, ha afirmado que las "conclusiones" del Grupo Popular sobre esta comisión "no están hechas", a diferencia del PSOE-A que "desde el principio ha puesto un culpable", en referencia al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y presenta al resto de miembros como "inocentes y honrados".

   "Nosotros queremos saber la verdad", ha apostillado el también presidente de la Comisión Organizadora del XIII Congreso del PP-A, por lo que ha manifestado que su partido "va a intentar hacerla --la comisión-- útil solicitando más comparecencias e información y haciendo lo que sea necesario".

La comisión de los ERE pedirá permiso para interrogar a los encarcelados

La comisión parlamentaria que investiga los ERE irregulares de la Junta de Andalucía pedirá permiso a la juez que instruye el caso y a Instituciones Penitenciarias para interrogar a Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, y a Francisco Javier Guerrero, ex director general, ambos en prisión preventiva.

Fernández y Guerrero figuran en la primera relación de comparecientes aprobada por la comisión, junto con otros excargos de la Junta que han sido imputados, diecisiete responsables del actual o de anteriores gobiernos andaluces, entre ellos José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y tres dirigentes del PP, Javier Arenas, Juan Ignacio Zoido y Eduardo Zaplana.

El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), ha confirmado en rueda de prensa que para abordar las comparecencias de Antonio Fernández y de Francisco Javier Guerrero solicitará permiso tanto a la juez Mercedes Alaya como a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

García no ha dejado claro el formato y contempla el desplazamiento de los comisionados a la cárcel, que los encarcelados acudan al Parlamento o incluso que la comparecencia se realice a través de una vídeoconferencia.

Aún no hay fecha definitiva ni orden para ninguna de las comparecencias, una duda que resolverá el presidente de la comisión en los dos próximos días tras consultar a los grupos y comprobar la disponibilidad de los declarantes, pero sí está confirmado que el 23 de julio comenzarán las declaraciones y que a las 25 ya decididas se sumarán otras tantas hasta aproximarse al medio centenar.

García ha insistido en que tanto la ampliación de declarantes como la solicitud de información por los grupos será "flexible", y que la fecha limite de la comisión (30 septiembre) es también modificable.

De hecho, tanto el presidente como los grupos barajan suspender los trabajos de la comisión durante la primera quincena de agosto.

Por otra parte, ha negado un "pacto" entre PSOE e IU en relación con los comparecientes y ha dicho que lamentaría y vería "poco riguroso" que el PP abandonara la comisión.

"Yo no conozco ningún tipo de pacto y si alguien tiene pruebas que lo diga", ha afirmado.

Según los datos aportados, la mayoría de los 25 comparecientes han salido adelante con los votos de PSOE, IU y PP, y otros con los de PP e IU.

Sobre la documentación aprobada, se encuentra la relativa a los organigramas de consejerías y entidades; la totalidad de los ERE que se han llevado a cabo y los que han recibido ayudas, o peticiones sobre resoluciones, convenios, órdenes, informes o información acerca de compañías aseguradoras.

Respecto al rechazo a que sean solicitadas las actas de los consejos y "consejillos" de gobierno o la contabilidad del antiguo IFA, García ha sostenido que se ha intentado buscar un equilibrio entre la eficacia y la exhaustividad, y ha opinado que el exceso de información de gran volumen "bloquearía" a la comisión.

En total, han sido 99 documentos aprobados de un total de 165 solicitados.

IU pidió 43 documentos y todos ellos han sido aprobados; el PSOE-A 31, de los que se han aprobado 22, y PP-A 91, de los que han salido adelante 34.

"No hay ningún veto a nadie", ha replicado García a las acusaciones del PP, que ha recordado que se trata una comisión de investigación "política" que intenta establecer responsabilidades en este ámbito y no llevar a cabo un procedimiento judicial "paralelo" ni reproducir sumarios judiciales o realizar informes de fiscalización contable.

El presidente de la comisión de los ERE niega un "pacto" PSOE-IU sobre los comparecientes

El presidente de la comisión de investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), el diputado de IULV-CA Ignacio García, ha negado este martes un "pacto" entre PSOE-A e Izquierda Unida en relación con los comparecientes y ha manifestado que lamentaría y vería "poco riguroso" que el Partido Popular abandonara la comisión.

   En rueda de prensa, García ha indicado que hasta donde le consta como presidente de la comisión, no conoce "ningún tipo de pacto" entre ambos partidos (socios en la Junta) y ha señalado que si bien alguien pueda tener la "interpretación legítima" de que sí ha existido, "no tiene justificación". "Si alguien tiene pruebas que lo diga", ha apuntado.

   De hecho, ha expuesto que la mayoría de los 25 comparecientes que se han aprobado en una primera tanda han salido adelante conjuntamente con los votos de PSOE-A, IULV-CA y PP y otros con los de Partido Popular e Izquierda Unida.

   El presidente de la comisión ha manifestado que aún se tiene que decidir quién comparecerá el día 23 de este mes, cuando se producirá la primera sesión de comparecencias (a puerta abierta), y no ha concretado en qué plazo se sustanciarían las 25 comparecencias que se han aprobado en la primera tanda, entre ellas las del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y las de otros miembros del Gobierno andaluz.

   En cuanto a la documentación que se ha aprobado, se encuentra, en términos generales, la relativa a conocer los organigramas de consejerías y entidades; la totalidad de los ERE que se han llevado a cabo y los que han recibido ayudas, o peticiones sobre resoluciones, convenios, órdenes, informes o información acerca de compañías aseguradoras.

   En cuanto al hecho de que no se haya aprobado determinada documentación, como actas de los consejos de gobierno o contabilidad del antiguo IFA al detalle del libro mayor y diario de diez años, García ha indicado que se ha intentado buscar un equilibrio entre la eficacia y la exhaustividad, y que determinada información de un gran volumen y demasiado exhaustiva no llevaría más que a "bloquear" los trabajos.

   En total, han sido 99 documentos aprobados de un total de 165 solicitados. Según los datos que ha facilitado, IULV-CA solicitó 43 documentos y todos ellos han sido aprobados; PSOE-A, 31, de los que se han aprobado 22, y PP-A, 91, de los que han salido adelante 34.

   Ignacio García ha querido dejar claro que no hay "ningún veto de nadie" y que se ha aprobado solo una primera ronda de comparecientes y de documentación, de manera que a lo largo del desarrollo de la comisión, cualquier grupo podrá solicitar la comparecencia de nuevas personas y de documentación.

   Ha querido dejar claro que se trata de una comisión de investigación "política" que intenta establecer responsabilidades políticas, de manera que su cometido no consiste en llevar a cabo un procedimiento judicial ni reproducir sumarios judiciales o realizar informes de fiscalización contable.

   Ha insistido en que la comisión como tal no tiene acceso al sumario judicial que en este momento está en curso en los tribunales y que, por lo tanto, debe partir con "cierta limpieza". Ha estimado que la cuestión no es que la comisión esté obligada a seguir lo que un determinado partido conozca del sumario por el hecho de estar personado en la causa judicial.