El alcalde, nada más aterrizar en Sevilla procedente de San Petersburgo -donde asistió a la reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco que, de momento, no ha incluido a Sevilla en su ‘lista negra’ por causa de la torre Pelli-, anunció que el Ayuntamiento promoverá una modificación del PGOU para impedir nuevos rascacielos en el conjunto histórico de la ciudad.
En esta primera declaración ya se pone de manifiesto el desconocimiento de Zoido del urbanismo y de cómo está ‘vendiendo’ humo urbanístico a la Unesco con efecto ‘boomerang’ para Sevilla a cuenta de sus pactos con el organismo de la ONU sobre la torre Pelli,  ya que si el Comité del Patrimonio Mundial no incluyó a Sevilla en su ‘lista negra’ fue justamente porque el rascacielos de la Cartuja no se halla en el conjunto histórico, sino fuera del mismo y, por tanto, no cabe hablar de impedir nuevos rascacielos en la zona protegida, amén de que ni la Catedral, ni el Archivo de Indias ni el Alcázar -los tres bienes Patrimonio de la Humanidad-, resultaron afectados visualmente por el rascacielos, situado a 1.600 metros de distancia.

El pacto con la Unesco
Aun así, el alcalde, que a medida que pasan lo días va variando progresivamente su discurso para tratar de enmendar los yerros que le señalan sus asesores, trasladó al principio a la Unesco y a la opinión pública sevillana su compromiso de que no habría más torres que la de Cajasol en la isla de la Cartuja ni en otros lugares que interfieran en el paisaje histórico, si bien el acuerdo al que habría llegado con el organismo de la ONU no limita la construcción en altura lejos del Centro.

Por eso, Zoido ha declarado estar dispuesto a impulsar la edificación “no de uno, sino de muchos rascacielos, que son -ha dicho- una fuente de oportunidades y empleo para muchos sevillanos”. Según el alcalde, “no tiene por qué cortarse el cielo en el futuro”.

Zoido parece ignorar que el urbanismo es materia reglada que se rige por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, el cual impone deberes pero también reconoce derechos a propietarios de suelos y promotores urbanísticos conforme al principio de la seguridad jurídica, el invocado por él ante la Unesco para evitar la exclusión de la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias del Patrimonio de la Humanidad.

Contenido del PGOU
Y el PGOU vigente especifica que parte de los desarrollos urbanísticos en la isla de la Cartuja, como en otras zonas de Sevilla, se hará en altura, en forma de torres que no tienen por qué ser como la diseñada por Pelli (al menos, un bajo más once plantas), pero torres al fin y al cabo, en función siempre de la edificabilidad, la ubicación del suelo y la tipología de las parcelas, caso del borde de la Avenida de Carlos III.

No hace mucho, un arquitecto recordaba que cierto Plan Especial o Estudio de Detalle de una zona de Nervión perpendicular a la Giralda permite alzar rascacielos de hasta 225 metros, más altos incluso que la torre Pelli. Si se presenta un promotor con un proyecto de torre de 225 metros bajo el brazo conforme al PGOU vigente y Zoido lo veta por sus pactos con la Unesco, el Ayuntamiento se vería obligado a indemnizarle por la edificabilidad lucrativa arrebatada pese a lo previsto en el Plan General. De esta manera, inconscientemente, Zoido ha incurrido en lo que decía no podía hacer en virtud del principio de la seguridad jurídica con la torre Pelli, a la que según él no podía frenar so pena de tener que pagar una indemnización multimillonaria a Cajasol.

Indemnizaciones
Cada vez que Zoido vete un rascacielos o edificio en altura que afecta a la Giralda por su acuerdo con la Unesco y pese a que aquéllos estén tan ajustados al PGOU como la torre Pelli, tendrá que pagar el Ayuntamiento una indemnización con dinero de todos los sevillanos o regalando edificabilidad en otra zona, que a la postre viene a ser lo mismo. Así pues, su acuerdo con la Unesco supuestamente salvador de Sevilla es en realidad un dogal sobre la ciudad  y que no hace otra cosa que introducir inseguridad jurídica donde ya la garantizaba el PGOU vigente.

El alcalde, que ahora califica los rascacielos como “fuente de oportunidades y empleos para muchos sevillanos”, dice haberse comprometido con la Unesco a que no se construya ninguna torre más en la isla de la Cartuja, donde se ha previsto la edificación de inmuebles en altura para albergar empresas generadoras de oportunidades y empleo y que no encuentran suelo en el colmatado Parque Tecnológico.

¿Qué va a hacer ahora Zoido? ¿Vetará nuevas empresas en la Tecnópolis  en plena crisis económica y se arriesgará a perder potenciales empleos en una ciudad con más de 85.000 parados además de tener que recurrir a dinero público para indemnizar a los promotores que presenten proyectos de torres a la sombra de la diseñada por César Pelli?

Planes especiales
El otro gran mensaje del alcalde a su regreso de San Petersburgo es que el Ayuntamiento incrementará la protección del Barrio de Santa Cruz, Santa Catalina y la Torre del Oro mediante Planes Especiales. Demuestra una vez más que el urbanismo sigue siendo su asignatura pendiente, porque en el caso del Barrio de Santa Cruz la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó ya el pasado 1 de junio el Plan Especial de protección del Sector 6 del Conjunto Histórico de Sevilla: Real Alcázar, redactado por los arquitectos Rafael Bermudo y Vicente Llanos. Este Plan cataloga los activos patrimoniales del Palacio y establecer para el Barrio de Santa Cruz los diferentes grados de protección que habrán de regir para cada alineación o inmuebles y las intervenciones admitidas en cada finca.

Prácticamente casi todos los Planes Especiales del Casco Histórico están ya redactados o en trámites de redacción, algo que parece ignorar el alcalde cuando promete nuevas normas al respecto. Por otra parte, ni Santa Catalina, de la que este año se conmemora su centenario como monumento nacional, ni la Torre del Oro, en su calidad de Bienes de Interés Cultural, necesitan de Planes Especiales de Protección -ya gozan de la máxima posible-, como el mismísimo Ayuntamiento ha sostenido en el caso de las Reales Atarazanas previo informe de la Gerencia de Urbanismo.

El control de la Junta
Por tanto, Zoido ha vendido humo urbanístico a la Unesco: medidas de protección innecesarias por preexistentes y redundantes pero con las que quiere aparecer ante la opinión pública como el salvador de Sevilla, cuando en realidad pone en cuestión todo el Plan General de Ordenación Urbana e introduce inseguridad urbanística y jurídica por doquier.

El alcalde tendría que cambiar las ordenanzas, las fichas del PGOU y todos los Planes Especiales ya tramitados que desarrollan los proyectos de edificios en altura en función de su pacto con la Unesco o de lo que pretenda hacer, y todo ello tendría que volver a tramitarlo ante la Junta de Andalucía, que ya le ha rechazado modificaciones puntuales del Plan para construir un parking rotatorio en la Alameda y convertir la antigua comisaría de la Gavidia en otro centro comercial.

Si, tal como parece, se trata de cambios sustanciales, lo más verosímil es que vuelva a encontrarse con el rechazo del Gobierno andaluz, la autoridad urbanística competente y a la que ni siquiera ha consultado previamente a la hora de llegar a unos acuerdos con la Unesco que escapan al ámbito de sus atribuciones.

Por eso Zoido ya se ha preparado el terreno ,a fin de culpar a la Junta en un ataque preventivo que realizó apenas aterrizar en Sevilla procedente de San Petersburgo y tras prometer en la antigua capital rusa lo que no está en su mano: “La Junta -dijo- no ha trabajado. Me hubiera gustado estar arropado por mi comunidad autónoma, pero no ha sido así. No lo entiendo”.

Obviamente, es fácil de entender: la Junta no puede arropar a quien toma el urbanismo en vano con tal de aparentar ser el salvador de la torre Pelli y de Sevilla.