El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila ha recibido una carta del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, donde éste "niega que el Gobierno central tenga obligación de pagar las inversiones no ejecutadas en 2008 y 2009", cuantificadas en 1.504 millones de euros.

   En una carta, recibida por la Junta anteayer y a la que ha tenido acceso Europa Press, Beteta apunta que la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado "carece de competencias en materia de inversiones, quedando asignada en una comisión que no ha sido constituida, como es la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma (CMAEF)".

   Por ello, según sigue Beteta en su carta, la metodología y procedimiento aprobados en un grupo de trabajo de una comisión "que no tiene competencias en la materia", así como las comunicaciones recibidas en relación con la Disposición Adicional Tercera en 2008 y 2009, "no suponen ningún compromiso de pago", tras lo que Beteta considera que "no es procedente la petición" efectuada por la Junta de convocar la Comisión de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía.

   A inicios de junio, Ávila había remitido una carta a Beteta donde pedía la convocatoria de la Comisión de la Disposición Adicional Tercera, con el objetivo de concretar loso acuerdos adoptados en la Bilateral y se refería a la necesidad de que se cumpla la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía (que establece inversión del Estado en la comunidad en función de su población), tras haber sido "vulnerada" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio, y a que se reconozca contablemente la inversión no ejecutada por el Estado en esta tierra en los años 2008 y 2009 por un importe de 1.504 millones de euros.

   Tras la carta del consejero, Beteta responde en su misiva, aludiendo a una sentencia del Tribunal Constitucional, que la Disposición Adicional Tercera del Estatuto andaluz "no puede tener en modo alguno efecto directamente vinculante para el Estado, por lo que el Gobierno considera que el Estatuto "no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones".

   Por tanto, Beteta considera que las comunidades autónomas "no pueden pretender construir en sus estatutos un sistema de financiación adicional para inversiones que se distribuya territorialmente según el criterio o variable que sea más favorable en cada momento a los intereses de cada Comunidad".

   En su misiva, Beteta le informa a Ávila que en el proyecto de los PGE de 2012 se ha previsto una inversión para Andalucía de 1.851 millones y reconoce que "se han distribuido recursos estatales disponibles para inversiones de acuerdo con criterios distintos del recogido en la Disposición Adicional Tercera, pero encaminados a la satisfacción del principio de solidaridad, como avala el TC".

REACCIÓN DE LA JUNTA

   Ante esta respuesta del Gobierno, el consejero Antonio Ávila, quien considera esta decisión "absolutamente inconcebible", ha anunciado que pondrá esta carta en conocimiento de los servicios jurídicos de la Consejería de "para comprobar que lo que se dice no se atiene a la realidad", y además solicitará una reunión a Beteta "para que me lo pueda decir a la cara".

   En una entrevista con Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Ávila lamenta que esta noticia "no es buena", toda vez que en Andalucía "hay un Estatuto de Autonomía, que obliga a todo el mundo, e indica que las inversiones que se debe realizar a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en un determinado porcentaje que es lo que representa en términos de población en España".

   Ha agregado que "desde que hay Estatuto se ha ido cumpliendo en todos los años, pero en 2012 en los PGE que se acaban de aprobar el Gobierno de España ha propuesto que no se cumplan". Ha agregado que "además de hacer las previsiones presupuestarias, luego hay que ejecutarlas".

   El consejero ha explicado que el Gobierno y la Junta "ha estado trabajando como se ejecutan las inversiones y han analizado 2008 y 2009 y ambas cifraron en 1.504 millones de euros la cantidad que el Gobierno debería haberse gastado en Andalucía, en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera".

   Ávila explica que esta cantidad "está certificada por la Intervención General del Estado, comunicado por la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos a la Junta, ha asido aceptada por la Junta y visto en la Comisión Bilateral".

   El consejero ha indicado que ha mandado una carta a Beteta a inicios de junio para que "ya que ha pasado un tiempo, esos 1.504 millones debían trasladarse a la Junta", tras lo que ha aludido a la carta, recibida "anteayer", de Beteta, que según Ávila "se está convirtiendo en elemento de referencia para la política y economía de Andalucía", donde "nos niega que exista obligación y compromiso de pago del Gobierno central a la Junta de Andalucía, esto es, muestra que no tiene intención inicial de pagar".

   Asimismo, Ávila ve "cuestionable" que el Gobierno "diga que la decisión se tenía que haber tomado en la Comisión Mixta de Transferencias, y no en la Bilateral, cuando el máximo órgano de relaciones entre Junta y Gobierno es la Comisión Bilateral y todo se ha estado haciendo por mutuo acuerdo, por lo que los acuerdos entre las administraciones se deben respetar".

   "No se trata de confrontar con el Gobierno de España porque sea del PP ni porque en Andalucía haya un Gobierno de coalición PSOE-IU, sino que se trata de que la crisis no sea excusa para negar derechos a los andaluces y negar recursos muy importantes en momentos muy complicados", ha agregado Ávila, quien lamenta que "se está poniendo el acento en Andalucía como una comunidad que no cumple".

REUNIÓN CON EMPLEO

   Asimismo, Ávila fue preguntado por la reunión que el próximo día 18 de julio mantendrá con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la que abordarán el recorte a las políticas de empleo por parte del Gobierno de la Nación en un 57 por ciento, la distribución que se ha hecho por parte del Gobierno entre las comunidades y la situación de los promotores de empleo.

   En ese sentido, Ávila considera que ahí habrá "batalla política ante la decisión de España de recortar dinero" y espera que la ministra "recapacite y tenga sensibilidad en algo tan obvio como el mantenimiento de las políticas activas de empleo, escuelas taller, formación, orientadores de empleo, agentes locales de empleo, promotores de empleo".

   "Espero que seamos capaces de llevar al Gobierno a la razón y que se haga igual que en otras comunidades autónomas, como Extremadura", agrega Ávila, quien ve "inconcebible que se cambien los criterios, y en todos los criterios Andalucía salga perjudicada".