La dirección nacional del CUT-BAI, partido integrado en IULV-CA, ha calificado hoy como "tremendo error" la aprobación del "recortazo" por parte de la Junta con el respaldo de IU y ha asegurado que con esta decisión la coalición traspasa "todas las líneas rojas de lo asumible".
En un comunicado, la dirección del CUT-BAI -reunida esta mañana en Sevilla- ha asegurado que los tres consejeros de IULV-CA en el Ejecutivo autonómico han tomado "una decisión contraria al programa" de la coalición y al "espíritu del referéndum" en el que se consultó a las bases de la formación sobre la entrada o no en el Gobierno regional.
"No se puede presentar un acuerdo programático para que las bases lo voten y luego a la primera oportunidad hacer lo contrario", afirma el comunicado.
El CUT-BAI ha insistido en que IULV-CA tiene que desmarcarse por completo de los recortes sociales y laborales que "son banderas políticas del neoliberalismo" y ha señalado otras líneas rojas "por las que no se puede pasar", encabezadas por la especulación urbanística, con proyectos "aberrantes" como el de Valdevaqueros.
Asimismo, propone "no aceptar tolerancia alguna" con la corrupción y buscar que las investigaciones lleguen hasta el final "caiga quien caiga", y no consentir "ninguna agresión" contra los servicios públicos de educación, sanidad y dependencia.
Otra de las líneas rojas para el CUT-BAI es la vivienda como un derecho e impedir legalmente los desahucios, y las tierras públicas, poniendo en valor el banco público de tierras, una de las ofertas electorales de IULV-CA, según ha recordado.
La dirección nacional del CUT-BAI también ha aprobado profundizar en dos elementos fundamentales de su proyecto como partido, como son el anticapitalismo y el andalucismo.
El plan de ajuste de la Junta entra en vigor
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este viernes el decreto-ley de medidas fiscales, administrativas y laborales para el reequilibrio Económico-Financiero aprobado por el Ejecutivo autonómico para dar cumplimiento al objetivo de déficit en 2012, fijado en el 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), y que entra en vigor este sábado.
Al margen de su publicación en el BOJA, el decreto-ley del plan de ajuste será convalidado el próximo miércoles por el Parlamento andaluz, donde se tramitará como proyecto de Ley y, por tanto, abierto a posibles modificaciones hasta su aprobación definitiva.
Según la Junta, el decreto-ley plantea el doble objetivo de aumentar los ingresos en 1.000 millones de euros y reducir el gasto de la administración autonómica en otros 2.500 millones para compensar los 3.500 millones que Andalucía dejará de recibir por las políticas de recortes "impuestas" por el Gobierno central y a las menores transferencias de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Las medidas recogidas en el decreto-ley, que se desarrollarán hasta finales de 2013, afectan a todos los capítulos del Presupuesto autonómico vigente, tanto en la vertiente de ingresos como en la de gastos, y recogen las que el Gobierno central ha señalado de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas. No obstante, las medidas en materia de personal tienen carácter excepcional y temporal, de forma que estarán vigentes únicamente durante los ejercicios 2012 y 2013, siempre que los ingresos de la comunidad recobren vías de normalidad y que la reducción del déficit público estructural y la minoración de la deuda pública posibiliten la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
BAJADA DE SUELDOS A ALTOS CARGOS
Respecto a la revisión de los capítulos de gasto, en materia de personal destaca la reducción de altos cargos derivada del menor número de consejerías, secretarías generales, direcciones generales y delegaciones provinciales tras la reestrucuturación de la Administración autonómica, así como la suspensión de la equiparación retributiva de los altos cargos andaluces con sus homólogos de la Administración General del Estado. En Andalucía bajarán en un 7,5% las retribuciones del presidente de la Junta y los consejeros; un 6,5% las de viceconsejeros y asimilados, y un 6% las de delegados provinciales y directores generales.
En aplicación de la normativa básica estatal, se aumenta a 37,5 horas la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta, con carácter flexible. El personal funcionario fijo y laboral fijo podrá sustituir este aumento por una disminución proporcional en sus retribuciones. Además, se suspenden las horas extraodinarias y las gratificaciones salvo casos excepcionales que deberán ser autorizadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. La realización de servicios fuera del horario habitual se compensará con tiempo de descanso. Asimismo, se reduce en un 10% la jornada del personal funcionario interino y del laboral temporal.
En materia retributiva, el decreto-ley garantiza que la aplicación de sus medidas en ningún caso podrá suponer una retribución mensual inferior a 1.000 euros. Para el personal funcionario de carrera e interino y el personal eventual se reducen hasta el 1% los complementos específicos de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre. La cantidad que se abone por este concepto se descontará, prorrateándose, del complemento específico de las retribuciones mensuales. De igual modo disminuyen en un 10% las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable (productividad, incentivos al rendimiento y consecución de objetivos).
En el caso del personal laboral, se reducen las retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de las pagas adicionales del complemento de convenio y del complemento de puesto de trabajo, correspondiente a los meses de junio y diciembre. El personal docente de la enseñanza pública no universitaria y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) también verá reducidas sus retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de estas pagas adicionales. En el ámbito de la educación, este conjunto de medidas también será de aplicación al profesorado de los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.
Por su parte, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia experimentarán una reducción del 5% de sus retribuciones periódicas brutas anuales, que se efectuará prorrateada en las retribuciones mensuales con cargo al complemento provisional específico. Respecto a las entidades instrumentales y los consorcios, se establece una reducción del 5% de la masa salarial, que será definida en el plazo de un mes en el ámbito de la negociación colectiva. Al personal directivo le será de aplicación el mismo régimen de retribuciones que a los consejeros de la Junta.
Además se suspenden las jubilaciones anticipadas y las ofertas públicas de empleo, con la salvedad de aquellas cuyas convocatorias ya han sido publicadas. De igual modo, se suspende la concesión de subvenciones a organizaciones sindicales para la financiación de gastos corrientes. Otras medidas recogidas son la suspensión de la convocatoria y concesión de ayudas de acción social y de la jubilación anticipada.
CAPÍTULO DE INGRESOS
En el capítulo de ingresos, el Decreto-ley modifica los últimos tramos de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que pasa al 23,5% en el caso de rentas entre 60.000 y 120.000 euros, y al 25,5% para rentas superiores a 120.000 euros.
Asimismo, se multiplica por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio, y por dos el tipo de gravamen autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos hasta agotar la banda máxima permitida, exceptuando el gasóleo de uso agrícola. Otras medidas en esta línea son la subida del tipo de gravamen general de Actos Jurídicos Documentados (del 1,2 al 1,5%) y el aumento de la tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas de azar y recreativas con premio.
Como medidas de eficiencia y ahorro se incluye una disminución adicional del 10% del gasto operativo en bienes y servicios de la Administración pública, a través de medidas como la reducción del 50% de la flota de vehículos de altos cargos; la eliminación de la partida de protocolo para altos cargos y personal directivo de los entes instrumentales (salvo presidente y consejeros), y las bajadas de un 50% adicional en las partidas de información, divulgación y publicidad y reuniones, conferencias y cursos, y de un 15% adicional en arrendamiento y en indemnizaciones por locomoción, traslado y dietas.
En el ámbito del gasto sanitario, las medidas aprobadas consolidan el programa de plataformas centralizadas de compra, con el que se espera un ahorro de 100 millones de euros anuales. Además, se prevé un ahorro anual de 190 millones de euros derivado de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno central: 166 millones por la nueva aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica y 24 millones por la aportación en las prestaciones básicas de la cartera suplementaria
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