El último informe elevado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la juez Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias con cargo a la partida presupuestaria 31L, señala las presuntas "presiones" del exdelegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y del antiguo asesor de dicho departamento y exparlamentario Ramón Díaz, para incluir por "compromiso personal" a un antiguo cargo público del PSOE en el expediente de regulación de empleo (ERE) de la empresa sevillana 'Calderinox S.A.'.
La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos al contemplar ayudas directas a empresas sin la preceptiva fiscalización.
EL CONVENIO DE 2001
Porque mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero, y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros con cargo a la partida presupuestaria 31L en concepto de ayudas directas a empresas o ayudas socio laborales para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE). Esta fórmula, según la investigación, sería supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y habría servido para canalizar los fondos públicos de manera presuntamente arbitraria.
La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo.
EL ERE DE 'CALDERINOX'
Pues bien, en uno de los últimos informes elaborados al respecto por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, compuesto por 12 anexos, los investigadores profundizan en el expediente de regulación de empleo promovido entre 2008 y 2009 por la ya extinta empresa de componentes aeronáuticos 'Calderinox S.A.', radicada en Salteras (Sevilla). Y es que dicho ERE incluyó las prejubilaciones del que fuera delegado provincial de Trabajo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y del exempleado de Litalsur Antonio Fernández Garzón, quienes jamás habían trabajado en esta empresa. Ambos, además, figuran como imputados en estas diligencias que comanda la juez Mercedes Alaya.
El informe, recogido por Europa Press, examina los testimonios de los antaño asesores de la Consejería de Empleo María José Rofa y Ramón Díaz, --este último también exdiputado autonómico del PSOE y recientemente imputado--, así como del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión provisional por orden de la juez Mercedes Alaya. Los investigadores desgranan la comparecencia de María José Rofa, porque esta mujer habría manifestado que cuando Justo Mañas fue nombrado viceconsejero de Empleo "le explicó que Antonio Rivas y Ramón Díaz habían presionado a Juan Márquez --entonces director general de Trabajo y Seguridad Social-- para que se incluyera a Juan Rodríguez Cordobés en el ERE de 'Calderinox'".
EL "COMPROMISO" DE RIVAS Y DÍAZ
"La inclusión de Rodríguez Cordobés se debe a un compromiso de Rivas y Ramón Díaz realizaba gestiones en paralelo a éste", señala el informe merced al testimonio de Rofa, quien además habría aludido a los "compromisos" de Rivas y Ramón Díaz con Rodríguez Cordobés. Respecto al testimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el informe señala que éste admitió haber conocido que Rodríguez Cordobés "había solicitado una ayuda individual y se le estaba tramitando", algo que le pareció "bien" porque "no observó ningún inconveniente en la inclusión de éste en la póliza los extrabajadores de 'Calderinox'".
A tal efecto, este informe ampliatorio concluye que Juan Márquez, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social y también imputado en las diligencias, era "conocedor" de las dos supuestas prejubilaciones fraudulentas ya señaladas, toda vez que Ramón Díaz "participa" en la inclusión de Rodríguez Cordobés en el ERE de 'Calderinox' y esta maniobra respondería a un "compromiso personal" de Díaz y Antonio Rivas con el aludido.
EL PAPEL DEL CONSEJERO
"De la inclusión de dos 'intrusos' en la póliza de 'Calderinox' son conocedores Juan Márquez, María José Rofa, Antonio Rivas, los miembros de CCOO Juan Antonio Caravaca y Enrique Manuel Jiménez, así como el director general de la mediadora 'Uniter', José González Mata", señala el informe de la UCO. Este informe ampliatorio, en ese sentido, concluye que "no es creíble que el consejero de Empleo desconozca la inclusión de 'intrusos' cuando los empleados de la Dirección General de Trabajo y el director general, el responsable de la mediadora y el tomador de la póliza son conocedores de tales hechos".
