La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido este miércoles a la consejera da Hacienda y Administración Pública de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, que "abandone la demagogia y el doble lenguaje" que mantiene respecto al plan de ajuste aprobado por el Gobierno andaluz y "asuma con todas sus consecuencias que la rebaja del sueldo de los funcionarios de la Junta es una decisión del Gobierno bipartito, que podría haber hecho las cosas de otra manera, sin tocar el bolsillo de los empleados públicos".
En un comunicado, ha indicado que la consejera Martínez Aguayo "se comprometió a no modificar las cuantías fijadas en su plan económico" en una carta que dirigió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a finales de mayo, después de que el vicepresidente, Diego Valderas (IU), según ha añadido, anunciara que se iba a abrir "un proceso negociador" con los sindicatos sobre los anunciados recortes salariales.
Según ha agregado Crespo, en dicha carta, que, según destaca, permitió el desbloqueo de un préstamo de 510 millones de euros a la Junta para hacer frente a los vencimientos de pago del primer trimestre, la consejera decía textualmente que, "en relación a las noticias de prensa difundidas sobre el supuesto retraso en la implementación de las medidas del plan, quiero reiterar que el proceso negociador en curso en ningún caso modifica el compromiso establecido con respecto a la cuantía que se contempla en él".
A juicio de Carmen Crespo, "ahora se ha demostrado que ese supuesto proceso negociador era un gesto vacío de contenido, un brindis al sol con el que Valderas intentaba contentar a las bases de Izquierda Unida y que no ha hecho sino poner de manifiesto las contradicciones en que está inmerso el Gobierno bipartito andaluz".
"No se puede decir por un lado que los presupuestos de la Junta tienen una inspiración ideológica diferente porque preservan el empleo público y sostener, al mismo tiempo, que la culpa del recorte salarial de los funcionarios, por importe de 750 millones de euros, es culpa del Gobierno de España", ha declarado.
En este sentido, la delegada del Gobierno ha pedido al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su equipo económico "un ejercicio de responsabilidad y coherencia, dado que saben perfectamente que la paulatina reducción de los objetivos de déficit público es un compromiso ineludible, contraído por todos los Estados-miembro de la Unión Europea y aprobado por las comunidades autónomas españolas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera" (CPFF).
"El Gobierno andaluz podía haber hecho las cosas de otra manera --ha añadido Crespo--, sin tocar el bolsillo de los funcionarios al igual que otras comunidades autónomas, ahorrando en partidas como los gastos de transferencias y subvenciones a organizaciones políticas, sindicales y empresariales y gastos suntuarios", ha considerado.
La delegada ha hecho hincapié en que, gracias al plan de ajuste, la Junta de Andalucía se va a beneficiar del Plan de Pago a Proveedores articulado por el Gobierno de España. "Dicho plan permitirá a los proveedores de la Administración autonómica cobrar a finales de este mes más de 700.000 facturas atrasadas, que la Junta tenía en los cajones, por importe de 2.700 millones de euros", ha concluido.
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