La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado a la juez Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias con cargo a la partida presupuestaria 31L, un nuevo informe en el que considera "más que cuestionable la vinculación legal" del exconsejero de Empleo Antonio Fernández con la empresa en cuyo expediente de regulación de empleo (ERE) fue incluido. Los investigadores, asimismo, señalan en este informe que Fernández, en prisión por orden de la juez, intentó "diluir su responsabilidad" en este ERE promovido por la bodega jerezana González Byass.
La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos al contemplar ayudas directas a empresas.
Porque mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero, y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros con cargo a la partida presupuestaria 31L en concepto de ayudas directas a empresas o ayudas socio laborales para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE). Esta fórmula, según la investigación, sería supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y habría servido para canalizar los fondos públicos de manera presuntamente arbitraria.
LAS PREJUBILACIONES FRAUDULENTAS
La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo.
Pues bien, en uno de los últimos informes elaborados al respecto por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, compuesto por 12 anexos, los investigadores profundizan en el expediente de regulación de empleo promovido en 2008 por la empresa bodeguera González Byass, una compañía para la que Antonio Fernández trabajó entre 1971 y 1981, pues en este último año Fernández solicitó una excedencia voluntaria prorrogada en 1982 y convertida en 1983 en una excedencia forzosa de cuatro años de duración a cuenta de su situación como concejal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
EL ERE DE GONZÁLEZ BYASS
Dado que Antonio Fernández fue incluido en el mencionado expediente de regulación de empleo con un cálculo de 40.249,53 euros anuales correspondiente a su "calendario de pagos asignado", los investigadores creen "más que cuestionable la vinculación legal de Antonio Fernández con la empresa González Byass a fecha de la solicitud y concesión del ERE", promovido en 2008. Y es que en 1987, "una vez cumplido el plazo de la excedencia forzosa por cuatro años, Antonio Fernández no avisó ni solicitó prórroga de ningún tipo a González Byass, perdiendo de este modo el derecho al beneficio de reincorporación automática".
Los autores de este informe también señalan que "llama poderosamente la atención" que en los listados de solicitud del ERE o de anexo al protocolo de colaboración, le sea asignada a Antonio Fernández una "fecha de antigüedad en la empresa igual a la de su nacimiento" en 1956, si bien el mismo informe da cuenta del testimonio de dos testigos que atribuyen tal extremo a "un error de mecanización" que "no tendría ninguna relevancia" para el cálculo de la indemnización".
CANTIDADES ASIGNADAS
La investigación de la Guardia Civil, de cualquier modo, señala que el cálculo de 40.249,53 euros anuales correspondiente a su "calendario de pagos asignado" implica una cuantía superior en un 28,1 por ciento al salario de Antonio Fernández en la bodega González Byass "a fecha de la extinción de su relación laboral con la empresa". "Las cantidades que se calcularon que Antonio Fernández iba a percibir estaban calculadas en base a una antigüedad de en torno a los 40 años de servicio, por lo que la antigüedad utilizada es la de 1971 a 2010", señala el informe tras una consulta a la Dirección General de Seguros.
El documento da cuenta de que el 30 de junio de 2011, Fernández solicitó a la consultora Uniter, contratada para las pólizas de seguro de rentas de este ERE, "una certificación" de que no era beneficiario de la póliza de seguros de rentas en cuestión y no había percibido "cantidad alguna", todo ello alegando que no había suscrito el boletín de adhesión al seguro colectivo de vida que acompañaba al procedimiento. Por contra, la investigación también expone que el grupo asegurador Generali, con el que fueron contratadas las pólizas de seguro de rentas, señaló al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera que no "constaba" la renuncia de Fernández como asegurado y beneficiario de la póliza en cuestión. "Si bien no cobró la póliza, al menos tuvo la intención de hacerlo", concluyen los investigadores.
"DILUIR LA RESPONSABILIDAD"
Además, señalan los investigadores que el exconsejero actuó "tiempo después de que se hiciesen públicos y notorios casos como el del ERE de Mercasevilla", la empresa en la que fueron descubiertas las dos primeras presuntas prejubilaciones fraudulentas. "Antonio Fernández realizó la solicitud 'a posteriori' de conocer el procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción número seis (...), en un intento de diluir su responsabilidad en el expediente de González Byass", señala la investigación en cuanto a la certificación reclamada por el exconsejero a Uniter.
Por último, este atestado señala que Antonio Fernández "lejos de abstenerse en el expediente de González Byass", participó cuando aún era consejero de Empleo en una reunión celebrada el 15 de marzo de 2010 para dicho procedimiento, algo que los investigadores creen "al menos inoportuno". "El consejero de Empleo Antonio Fernández tendría que haber ordenado al director general de Trabajo y Seguridad Social que se hubiese abstenido de haber intervenido en el expediente en el cual él conocía que era beneficiario e interesado", recoge el informe.
La juez cita al exviceconsejero y amplía su acusación a altos cargos
La juez que investiga los ERE fraudulentos ha citado como imputados en julio al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y a los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, además de ampliar los hechos objeto de acusación a otros ex altos cargos ya imputados.
En diferentes resoluciones notificadas hoy, a las que ha tenido acceso Efe, la juez Mercedes Alaya dice que los últimos informes de la Guardia Civil apuntan a nuevas "responsabilidades de altos cargos" de las consejerías de Empleo, de Innovación y de la agencia andaluza IDEA, a través de la cual se canalizaban las ayudas.
Acuerda además imputar en la causa al exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, que era asesor de la Consejería de Empleo cuando se concedieron las ayudas investigadas y que, según uno de los autos, permitió la existencia de cinco "intrusos" en los ERE de Calderinox, Saldauto y A Novo y además participó en la ayuda de 450.000 euros a la empresa SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores, pese a que solo tenía dos empleados.
Según el calendario de citaciones, Márquez comparecerá el 3 de julio y Rivera el 11, mientras que la citación de Barberá está fijada en uno de los documentos el 13 de julio y en otro el 27 del mismo mes.
Estos ex altos cargos se unen al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero encarcelados desde mayo y marzo pasado respectivamente.
Además, la juez ha imputado en la causa a María José Rofa, mano derecha de Juan Márquez, que es citada el 6 de julio; Antonio Diz-Lois, jefe de servicio en la dirección general de Trabajo; y María Ángeles Gala y Rocío Sayago, tramitadoras de las ayudas en la dirección general de Trabajo.
En un auto de fecha 12 de junio, Alaya analiza el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y dice que "la parte verdaderamente novedosa" es la que abarca la fase que se abre en la consejería de Empleo tras el cese de Guerrero en 2008 y cuando sus sucesores Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera "dieron continuidad" a las ayudas, pese a ser conscientes de la inclusión de intrusos en los ERE.
Por ello, Alaya amplía los hechos que imputa a ambos ex altos cargos, que "por un lado mantuvieron la conducta omisiva" ante las irregularidades y por otra no ordenaron el reingreso a las arcas públicas de las cantidades ya cobradas.
En el caso de Márquez, era además "pleno conocedor de que en las ayudas sociolaborales y directas se estaba incumpliendo la normativa comunitaria", dice el auto.
La juez también amplía los hechos que imputa a Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, por su "activa participación en la inclusión de los intrusos de Intersur" y de otros tres beneficiarios de su localidad natal de Camas (Sevilla), uno de ellos concejal del PSOE y otro cuñado suyo.
Por otra parte, el auto amplía las imputaciones a los abogados Daniel Gutiérrez Montaña y Carlos Leal, del bufete Villasís, por los intrusos aparecidos en el ERE del restaurante Río Grande.
La juez también requiere a la Junta para que "de manera urgente" aporte un listado de las cantidades irregulares cuya devolución haya exigido, con la fecha de inicio de los correspondientes expediente, y reprocha a la Administración que sigue siendo incompleta la documentación sobre las ayudas a la compañía Hijos de Andrés Molina.
Asimismo, pide que se identifique al autor del informe que el Gabinete del Consejero de Empleo elaboró en respuesta a otro escrito del gabinete jurídico Garrigues sobre viabilidad de las ayudas excepcionales cuando Antonio Fernández era titular de la citada consejería.
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