La consejera andaluza de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha defendido la necesidad de evitar "desequilibrios" a la hora de aplicar el recorte de sueldos a los empleados públicos previsto en el plan de ajuste para cumplir el objetivo de déficit entre los trabajadores de la Junta y de las empresas públicas.

   En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Díaz ha asegurado que los "gestores" de los "entes instrumentales" de la Junta ya conocen "cuál es la reducción de la transferencia que van a recibir" como consecuencia del plan de ajuste aprobado este martes por el Consejo de Gobierno y ahora disponen de un mes de plazo para "abrir un proceso de diálogo con los representantes de los trabajadores para que no haya desequilibrio entre los empleados de empresas públicas y de la Junta de Andalucía".

   "Se ha ampliado la aprobación del decreto para favorecer el diálogo y ahora vamos a pedir al conjunto de entes públicos que lleven a cabo ese esfuerzo de diálogo con sus representantes", ha añadido la titular de Presidencia, que ha querido dejar claro que tomar "este tipo de decisiones que suponen recorte de sueldo no es fácil, son duras y dolorosas de tomar, aunque el esfuerzo es mucho menor de lo que se podía pensar en un principio con los recortes que nos había impuesto el Gobierno de Rajoy".

"ENTIENDE" A LOS SINDICATOS, "INSTRUMENTOS VÁLIDOS Y NECESARIOS"

   En este sentido, Díaz ha asegurado "entender" a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores "porque nunca podrán apoyar medidas que supongan un recorte en el sueldo de los empleados públicos", pero ha insistido en que "el 90 por ciento de los recortes nos vienen impuestos por el Gobierno de España, en el capítulo uno esos 770 millones son consecuencia lógica de la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas, que nos obligaba a despedir a cerca de 24.000 empleados públicos o bien hacer un esfuerzo colectivo".

   "Con las diferencias que en algunos casos nos separan, creo que los sindicatos son instrumentos válidos y necesarios, son los representantes de los trabajadores y los legitimadores sociales, y lógicamente en momentos en que se producen ajustes o recortes tienen que defender los derechos de los trabajadores", ha admitido la consejera, que ha puesto en valor que las centrales sindicales también están "peleando y protegiendo el Estado del Bienestar, lo que tanto nos ha costado conseguir".

   Según ha destacado, la Junta ha modificado tras "muchas horas de diálogo" el plan de ajuste, "que no tiene nada que ver con nuestra posición inicial", en el sentido de "proteger a las escalas base de la administración autonómica para que nadie cobre por debajo de 1.000 euros, flexibilizar la reducción de jornada de los interinos del 10 al 15 por ciento y aumentar aún más la rebaja de sueldos de los altos cargos, que ya en Andalucía son de los que menos ganan de España", al punto que ha apuntado que Griñán es el penúltimo presidente autonómico que menos gana de España, sólo por delante de Cantabria.

"NO HAN PERDIDO DERECHOS, SIMPLEMENTE LOS HAN CONGELADO"

   Igualmente, Díaz ha puesto en valor que en el plan de ajuste aprobado por el Consejo de Gobierno "hemos dado seguridad a los empleados públicos de que a finales de 2013 esta situación se va a revisar si la situación económica lo permite para que puedan volver a recuperar su capacidad adquisitiva", ya que ha querido dejar claro que "no han perdido sus derechos, sino que simplemente los han congelado".

   Según la consejera, el "objetivo básico" de la Junta con el plan de ajuste "es mantener el empleo, que cerca de 24.000 empleados públicos no pierdan su puesto de trabajo, y que mantengamos servicios públicos de calidad", de forma que "en Andalucía no se cierren hospitales ni centros de salud y no se suba la ratio en centros públicos y concertados, lo que exige un esfuerzo entre todos".

   Por último, Díaz ha resaltado que, al margen de la rebaja de sueldos "impuesta" por el Gobierno, la Junta también ha realizado un "esfuerzo aún mayor" en el conjunto del presupuesto "para que el empleo público no se toque" como medidas como la "reducción de coches oficiales y de gastos de protocolo o publicaciones" o el aplazamiento de "inversiones que pueden esperar".