La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado un grupo organizado dedicado al narcotráfico en una actuación que se ha saldado con el decomiso de una tonelada de hachís y la detención de nueve integrantes de la banda en Almería y Cartagena (Murcia). Durante la operación, denominada 'Aparecida', se ha imputado a otras cinco personas por su implicación en los hechos y se han intervenido numerosas propiedades inmobiliarias a través de las que presuntamente blanqueaban el dinero procedente de la droga por una cuantía próxima a 1,25 millones de euros.

   En la actuación, que ha permitido "neutralizar" el grupo al desmantelar su "fuerte" entramado financiero, se ha arrestado a los principales cabecillas de la banda, quienes habían trasladado su base de operaciones hasta Cartagena para evitar la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya que están implicados en las causas abiertas a raíz de otras operaciones contra el narcotráfico como la operación 'Mamola', desarrollada en 2007, y la operación 'Imperioso', que se remonta a julio de 2007. 

   Según ha informado la Comandancia, los integrantes de la red planificaban desembarcos de hachís y utilizaban para ello una embarcación principal en la que trasladaban la droga, que quedaba a una prudente distancia de la costa. Con la utilización en embarcaciones de menor calado, y las que habían practicado dobles fondos, trasladaban la droga hasta puntos de la costa donde les aguardaban personal en tierra para el traslado de la mercancía a un almacén seguro de la organización.

   Los beneficios que generaba esta delictiva actividad eran invertidos por los cabecillas de la banda en la adquisición de viviendas, embarcaciones, vehículos y camiones, algunos de estos medios utilizados en los alijos de droga, así como en negocios hosteleros y agrícolas.

   No obstante, siempre tenían acceso a una importante cantidad de capital, bien en efectivo, para hacer frente a alguna eventualidad inesperada, incluso para el pago de fianzas, o bien a través de depósitos y cuentas bancarias, en las que en algunas figuraban como titulares o bien a nombre de terceras personas o testaferros.

   Los beneficios netos repercutían directamente en el incremento patrimonial tanto de los componentes de la organización, como de sus testaferros, y en la a adquisición de los medios necesarios para mantener su actividad principal del narcotráfico, lo que les dotaba de una gran capacidad de reacción ante las intervenciones de la Guardia Civil u otros cuerpos policiales.

   Los detenidos han sido identificados como A.L.G.R., de 37 años, A.G.R., de  55 años,  M.F.V., de 37 años, M.G.L., de 33 años, y D.J.R., de 35, todos vecinos de El Ejido (Almería), así como M.C.H., de 29 años, L.J.R., de 32 años, y  J.S.S., de 56 años, domiciliados en Cartagena (Murcia). El último arrestado responde a las iniciales J.J.R., de 31 años y vecino de Roquetas de Mar (Almería).

   La operación, en la que se han practicado cinco registros en el municipio murciano y otros tres en Balerma y Berja, se ha saldado, asimismo, con la intervención de 60 fardos con un peso de 960 kilos de hachís, ocho embarcaciones y dos motos acuáticas, 25 vehículos y motocicletas, 15 de ellos de alta gama, y dos camiones. Entre los efectivos decomisados hay once cuentas y depósitos bancarios, 95.000 euros y dos armas cortas.

   La investigación de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria también ha permitido intervenir judicialmente una sociedad mercantil, financiada con fondos provenientes del narcotráfico, que regentaba una explotación agrícola ubicada en el término municipal de Almería y dos establecimientos hosteleros en Cartagena (Murcia), donde blanqueaban los beneficios obtenidos en su actividad ilegal. Constan, además, la propiedad de otros seis bienes inmobiliarios y una finca agrícola.

   Las diligencias conjuntas instruidas por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han sido entregadas en el Juzgado de instrucción número 5 de El Ejido (Almería) y número 3 de Cartagena (Murcia). La sociedad mercantil y los negocios de la red en la actualidad están siendo administrados judicialmente, estimándose que los fondos de procedencia delictiva descubiertos pueden alcanzar una cuantía próxima al 1.250.000 euros.