El informe de la Guardia Civil sobre los ERE fraudulentos ha señalado la existencia de "repetidas y significativas irregularidades y arbitrariedades" en las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, destinadas a "favorecer a determinadas personas relacionadas con cargos públicos".
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge en su informe entregado a la juez Mercedes Alaya que la Sierra Norte, con una población de 30.000 habitantes, fue beneficiaria de ayudas por 50 millones de euros, lo que supone más del 70 por ciento de las concedidas en toda Andalucía.
Se trata de un intento de "favorecer a determinadas zonas geográficas y empresas" relacionadas con "determinados cargos públicos responsables de la gestión, tramitación y control de las ayudas", según los investigadores.
Entre otros, el informe señala los fondos percibidos por un entramado de empresas dirigidas por José Enrique Rosendo y José María Sayago, exconcejales del PSOE en El Pedroso (Sevilla), que obtuvieron resoluciones de ayuda en torno a 29 millones de euros y recibieron efectivamente 16,8 millones.
El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el 9 de marzo pasado, "otorgó ilícitamente una parte importante de las ayudas" a esa zona, mientras que José Antonio Viera, consejero de Empleo de la Junta entre 2000 y 2004, "pudo haber jugado un papel esencial en su concesión, con el consiguiente menoscabo de fondos públicos", según la Guardia Civil, que anuncia que está preparando un estudio más profundo sobre este aspecto.
Viera es diputado en el Congreso, por lo que si la juez Alaya decide imputarlo debería remitir la causa al Tribunal Supremo y en ese caso el alto tribunal investigaría todas las subvenciones de la Sierra Norte, han dicho a Efe fuentes del caso.
Entre otros beneficiarios procedentes de esa zona se encuentran las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, las de Rosendo y Sayago y numerosos perceptores de ayudas individuales que eran amigos o vecinos de Francisco Javier Guerrero, que también fue alcalde de El Pedroso.
Entre otros, fueron beneficiarios de ayudas Rafael Rosendo, exalcalde socialista de El Pedroso; Andrés Carrasco, vecino de esa localidad y amigo de Guerrero; Antonio Arquero, taquillero de la piscina municipal, Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero que recibió 1,2 millones de euros; o Alejandro Millán, vecino de Guerrero en su pueblo.
La juez de instrucción 6 ha recibido un informe de la Agencia Tributaria según el cual cinco sociedades en las que Rodríguez de la Borbolla era socio o administrador percibieron entre 2003 y 2007 un total de 6.186.072 euros en ayudas de la agencia andaluza IDEA.
En el mismo periodo, las empresas vinculadas a Rosendo y Sayago recibieron 5,3 millones, según la Agencia Tributaria, que precisa que los datos son incompletos "tanto por la falta de declaración de los obligados tributarios como por la declaración de datos contradictorios".
Rodríguez de la Borbolla, que ya ha sido imputado por la juez, declaró a la Guardia Civil que nadie se lucró con sus ayudas porque los negocios de corcho que dirigía eran "ruinosos" y su única intención fue salvar el empleo.
