La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha confirmado las fianzas impuestas a los primeros imputados que ya prestaron declaración judicial en el presente procedimiento, han apuntado fuentes del caso.
En este punto, hay que recordar que, el pasado mes de diciembre, la magistrada impuso fianzas por valor de 4.797.561 euros a 16 imputados en el caso, aunque alguno de ellos, en concreto el exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, recurrió ante la Audiencia Provincial y no ante la propia magistrada, que de este modo no ha decidido sobre el particular.
En varios autos notificados este martes, la magistrada rechaza los recursos de reforma presentados por la mayoría de los imputados y confirma las fianzas impuestas a todos ellos. Entre estas fianzas, destaca la de 1.990.689,36 euros impuesta a Carmen García Sánchez, dueña de Río Grande, pues la juez ya dijo que por su condición de empresaria tiene "un mayor grado de responsabilidad, por su mayor capacidad de actuación y de decisión, no sólo para lucrarse a sí misma sino a otras personas, y por su interrelación con el resto de los actores de la trama".
Fue la Fiscalía Anticorrupción la que solicitó a la magistrada la imposición de fianzas, y de forma subsidiaria los embargos oportunos, a todas las personas imputadas, ya que han obtenido "un beneficio indebido y delictivo del que, de ser penalmente condenados, deberán responder reparando el daño causado a los fondos públicos, devolviendo las cantidades ilícitamente recibidas", aunque la juez lo que acordó fue imponer fianzas únicamente a las personas imputadas que ya habían prestado declaración judicial, que en diciembre ascendían a un total de 16.
En un auto dictado el 30 de noviembre, la magistrada argumentó que, en el presente caso, "resulta evidente que las medidas cautelares que se adopten tienen una decidida finalidad: la devolución de las ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público con la autorización y conocimiento de altos cargos de la Junta y con la intermediación de muy distintos personajes que tienen encaje en diversas categorías --empresarios, sindicalistas, entidades de asesoramiento, aseguradoras--, y todo ello para favorecer a amigos, familiares y en definitiva círculos próximos del PSOE".
En ese mismo auto, aseveró que, salvo en el caso de la dueña del restaurante Río Grande, "es claro" que los otros 15 imputados "son meros perceptores de esas ayudas ilegítimas, que las reciben como beneficiarios de las pólizas, presuntamente con pleno conocimiento de su ilicitud", de manera que "las medidas destinadas a los mismos sólo irán dirigidas a la devolución de esas ayudas o, en su caso, del coste que para la Junta ha supuesto la inclusión de estas personas en las pólizas".
Hay que destacar que la juez impuso una fianza de 146.770,68 euros al exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE), a lo que hay que restar la cantidad ya consignada de 112.900,53 euros como beneficiario de una póliza de rentas de supervivencia de Fortia Vida. No obstante, el exprimer edil recurrió directamente en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla.
