El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, ha trasladado este lunes al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que el organismo que dirige está "listo y disponible" para defender ante el Tribunal Constitucional (TC), a través de sus dictámenes, cualquier "violación" de competencias que se produzca por parte del Gobierno de la Nación en relación a las funciones asumidas por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.      Así se ha pronunciado Cano Bueso ante los periodistas, tras mantener un encuentro con el presidente de la Junta, en el que le ha hecho entrega de la Memoria 2011 del Consejo Consultivo. En este contexto, ha afirmado que este órgano está comprobando una actividad creciente de carácter normativo por parte de otras administraciones públicas, poniendo como ejemplo el Gobierno de la Nación, orientada a "menguar" los derechos sociales que la Constitución otorgan a los ciudadanos.      "El llamado estado de bienestar se encuentra acosado por dificultades económicas de una parte y por una voluntad política objetivada de disminuir el peso de lo público en la sociedad económica actual", ha afirmado Cano Bueso, quien ha destacado los "embates" que padece el Estado autonómico. En su opinión, hay que impedir el "desmantelamiento" del estado social por la vía de una legislación, "cuya tentación se está poniendo de manifiesto y que pretende recentralizar las competencias adquiridas en virtud de la aprobación de los nuevos estatutos".      De igual modo, Cano Bueso ha criticado la proliferación de decretos-ley por parte del Gobierno de la Nación, una figura que ha considerado "excepcional y para casos de urgencia". Según ha explicado, dicha fórmula priva a la oposición de participar en el debate y formular enmiendas.  "Por la enjundia de lo que nos estamos jugando, no se puede recortar el estado social de derechos por la vía de un decreto ley porque se están violando aspectos constitucionales importantísimos", ha añadido.      En esta línea, ha señalado que el Consultivo está en contra de que aprovechando la crisis económica se traten de eliminar los controles democráticos y jurídicos constitucionales que el Estado de Derecho precisa para que los procedimientos entre los ciudadanos y el poder públicos se desenvuelvan por un camino "correcto y previsible que salvaguarde los derechos de los ciudadanos" y salvaguarde también el interés general y público que representa la Administración.   MEMORIA 2011      Cano Bueso ha explicado que en la Memoria del Consejo Consultivo correspondiente a 2011 se aprecia un decrecimiento "notable" en los dictámenes sobre urbanismo, en lo que tiene que ver con actividad constructiva y movimiento económico; mientras que han crecido "bastante" los relativos con la revisión de oficio de licencias urbanísticas concedidas ilegalmente y también con la resolución de contrato administrativo, bien de falta de financiación por parte de las Administraciones o porque la empresa que ejecutaba la obra entra en quiebra.      Ha indicado que el Consultivo constata cómo una crisis económica de esta envergadura es un "caldo de cultivo" para de una parte el aumento de la delincuencia de "cuello blanco" y por otra parte la "relajación" o la propuesta de eliminación de los controles jurídicos y democráticos. "El Consultivo está en contra de la burocratización de la administración y a favor de una administración eficaz y eficiente que resuelva con celeridad y prontitud", ha señalado.      Según se apunta en la Memoria de 2011, la solicitud de dictámenes ha sido de 898, mientras que los dictámenes emitidos han sido 839, de los que 717 lo han sido en sentido favorable a la resolución de la Administración, 84 en sentido desfavorable y 38 han sido devueltos. De los 635 asuntos dictaminados por el Consejo, en los que el órgano solicitante ha comunicado que ha recaído resolución o acuerdo, 605 (95 por ciento) han sido resueltos "de acuerdo" con el Consejo.      Si bien, 30 (cinco por ciento) se han apartado del dictamen, siendo la mayor parte de ellos relativos a responsabilidad patrimonial de la Administración. Asimismo, solo cuatro de estos dictámenes fueron objeto de voto particular. En cuanto a los dictámenes emitidos, el 58 por ciento proceden de consultadas formuladas por la Administración de la Junta, el 41 por ciento de la Administración local y el uno por ciento de universidades y organismos de derecho público.      De la distribución por materias de los dictámenes emitidos durante 2011, destacan las relativas a la responsabilidad patrimonial, con 498 (59 por ciento); revisión de oficio con 90 ( once por ciento); contratación administrativa, con 81 (diez por ciento); proyectos de decreto y orden, con 81 (diez por ciento); y urbanismo, con 51 (seis por ciento).