La decisión del cierre del piso asistido está motivando las reacciones de distintos colectivos, implicados, familiares, plantilla y oposición y ante las declaraciones realizadas la semana anterior, la edil de Bienestar Social, Mariola Tocino, confirma que es una apuesta “valiente, firme y responsable” del equipo de Gobierno, consensuada, siendo competencia de la Junta.Explica Tocino que es una necesidad de la que se ha valorado su coste, consecuencias y repercusión. “No ha sido una decisión baladí. Mantener el piso asistido supone estar asumiendo una competencia impropia que sólo depende de la Junta. Un coste que no nos corresponde y que estamos asumiendo todos los portuenses, cuando no podemos”. Una realidad que entiende, deberían asumir los representantes locales del PSOE, que ahora, indica “se erigen defensores de los trabajadores, criticando, sin criterio alguno, un ajuste que es necesario, en vez de instar y presionar a su partido en el gobierno autonómico, para que asuma sus cometidos”. MensajesEn cuanto a la plantilla, señala que por supuesto comprende y respeta el derecho legímito de los trabajadores a reivindicar su puesto de trabajo, pero asegura que “todo tiene un límite”. Las declaraciones de los últimos días de la plantilla, arropadas por el Foro Social, uniéndose ambos colectivos en la movilización que este último ha convocado este jueves, “han rayado el insulto personal, tratando de desprestigiar conscientemente una gestión que está siendo realizada con toda profesionalidad, transparencia y eficacia de la que se puede hacer gala”, trabajando sin escatimar esfuerzos, indica, para reubicar a los usuarios en otras residencias. La edil de IU, Ángeles Mancha, entiende que el equipo de Gobierno debe reconsiderar su decisión del cierre, debido a que es un sustento y un amplio servicio, además de tener una ubicación ideal, cerca de un ambulatorio.
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